Un concejal del PP denuncia a otro en Benidorm

El juzgado de instrucción número 5 de Benidorm ha citado a declarar al concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, a quien se le imputa un presunto delito de prevaricación. El autor de la denuncia es su compañero de corporación hasta hace un año, el ex primer teniente de alcalde, Salvador Moll Vives, propietario del camping La Torreta, que le acusa de revocar sin motivo alguno la licencia del establecimiento creando un perjuicio para sus intereses económicos. Moll y González forman parte de dos sectores tradicionalmente enfrentados dentro del PP.

La demanda fue admitida a trámite en abril y en los próximos días González deberá declarar en las diligencias previas abiertas. El PSPV-PSOE de Benidorm ha exigido al alcalde, Manuel Pérez Fenoll, la comparecencia del concejal investigado, una de sus personas de mayor confianza, para demostrar "claridad y transparencia" en la gestión municipal. González se ha negado a ofrecer explicaciones "hasta que la justicia se pronuncie". El edil dijo que "todas las actuaciones que he realizado están avaladas por informes técnicos y se ajustan a la legalidad".

El camping La Torreta cumple 40 años de historia. El 23 de octubre de 2007, cuando Moll ya había salido del Gobierno, González le notificó que tenía quince días para adecuar su actividad al nuevo reglamento aprobado en 2002 por el Gobierno valenciano. Moll explica que recurrió esta notificación por defectos de forma, y admite que no contestó al requerimiento formulado por su ex compañero. Alega, además, que "ningún camping de Benidorm se ha adaptado a la nueva normativa", y que la actitud de González contra su negocio ha sido atípica. A pesar de ello, González, como concejal de Aperturas, ordenó la revocación de la licencia de apertura que poseía la familia de Moll desde el año 1969 el pasado 30 de noviembre. En la notificación señalaba que el campamento "está afectado parcialmente por el cauce del barranco Barceló, el cual está calificado como Zona Inundable Detectada", según el decreto 156/1999. El reglamento aprobado en 2002 por el Consell prohíbe ubicar campamentos turísticos en terrenos inundables. El detonante de la situación fue la tormenta de los días 11 y 12 de octubre, y los destrozos que sufrió el entorno del barranco Barceló. De hecho, las lluvias destruyeron el campo de fútbol municipal adjunto que utiliza el colegio Lope de Vega.