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Cotino cree que el nuevo Gobierno modificará la ley de Dependencia

Camps extiende a todas las comunidades los retrasos en las acreditaciones

Juan Cotino, vicepresidente y responsable del área social del Consell, sugirió ayer que la nueva ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, tiene previsto modificar la ley de dependencia impulsada por su predecesor, Jesús Caldera, para aquilatar sus costes futuros. Cotino, en los pasillos de las Cortes, estimó que hacia 2015, la Generalitat consumirá unos 1.500 millones de euros anuales para atender a los ciudadanos dependientes y que esa factura está condenada a crecer sin freno. El vicepresidente, que se entrevistó con Mercedes Cabrera el miércoles, apuntó que el Gobierno debería crear un fondo estatal de carácter finalista a través de un acuerdo similar al Pacto de Toledo, donde se instituyó el fondo que sustenta el sistema público de pensiones, para garantizar la prestación de servicios públicos a los ciudadanos dependientes. También deslizó que la ley depende del modelo de financiación autonómica que ahora empieza a revisarse.

Luna: "Tienen una voluntad expresa de eludir la aplicación de la ley"

La clave económica de la ley de dependencia fue también el argumento que esgrimió Francisco Camps, presidente del Consell para esquivar la "tozuda realidad" que le presentó el socialista Ángel Luna ante el pleno de las Cortes. Un grupo de dependientes seguía la sesión desde la tribuna y el debate adquirió un tono dramático. Luna denunció una "voluntad expresa de eludir la aplicación de la ley de dependencia" retrasando la acreditación de las personas susceptibles de recibir las ayudas del Gobierno. Camps replicó que "todas las comunidades reclaman al Gobierno fondos para aplicar la ley" y aseguró que ninguna otra comunidad autónoma ha podido ofrecer "cuatro mil plazas" en residencias o centros de día para dependientes desde que está en vigor la nueva ley.

Luna no se arredró y denunció que se acredite como dependientes en primer lugar a los ciudadanos que ya son atendidos en centros de la Generalitat, una práctica asumida por el propio Cotino como "lógica". "Defraudan la ley", denunció Luna, "el Estado financia servicios que ya ofrecían ustedes". El portavoz socialista apeló a la "conciencia" del presidente y defendió que "la grandeza de un país se mide por cómo atiende a sus ciudadanos más débiles". Camps se vistió de Estado frente a "la reflexión hueca" del portavoz de la oposición pero no negó que los primeros acreditados hayan sido los ingresados en centros de la Generalitat. También obvió que la ley nació para garantizar la asistencia doméstica a los dependientes que no pueden acceder a una residencia.

Los socialistas Carmen Ninet y Antonio Torres elevaron la tensión al reclamar a Cotino responsabilidades sobre la empresa creada para acreditar las valoraciones y sobre las personas que han fallecido sin llegar a beneficiarse de la ley. "¿Va a pedir perdón a las familias de los caso 2.000 dependientes que han fallecido este año sin poder acceder a sus derechos?".

"Las cañas que utilizan se les volverán lanzas en contra", replicó Cotino con indignación bíblica. Pero la referencia a un juego de origen musulmán solo fue una cortina para evitar cualquier precisión en los datos.

Hasta el 5 de mayo, en la Comunidad Valenciana se han tramitado 10.163 solicitudes de acceso a las prestaciones de la ley, según datos del Ministerio de Educación y Política Social. Suponen el 2,72% de las 374.000 tramitadas en toda España y solo País Vasco, Cantabria, Murcia y La Rioja han tramitado menos peticiones que la Generalitat.

El responsable de Bienestar Social volvió a la dimensión económica, se refugió en un cálculo interesado y aseguró que la Generalitat cubre el 95% de los costes de atención a los dependientes mientras que el Gobierno apenas aporta un 5%.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de mayo de 2008