El fiscal ve delito en la manipulación para proteger a policías de Córdoba

La Fiscalía cree que existen los suficientes indicios de delito como para que un juez se haga cargo de la investigación de las acciones de un grupo de policías locales de Córdoba adscritos al área de Disciplina Urbanística para favorecer a varios de sus compañeros relacionados con la construcción ilegal de dos viviendas en la zona de Torreblanca.

El fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, ve indicios de delito en cuatro acciones concretas llevadas a cabo por los agentes de la unidad medioambiental: la "presunta falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística", la "presunta alteración de un registro oficial para dar por tramitados en una fecha que realmente no lo fueron dos expedientes", la "supuesta desaparición de un acta" y la "supuesta desaparición de datos del registro oficial de la Policía Local", que finalmente fueron recuperados por los servicios informáticos del Ayuntamiento cordobés.

El Ayuntamiento ha expedientado ya a cinco agentes de la unidad medioambiental. Se trata de un matrimonio de policías que tiene una casa en Torreblanca, la patrulla que vigila esa zona y el jefe de la unidad, quien no parece estar directamente relacionado con la falsificación de las actas de denuncia. Los expedientes se pusieron en marcha después de la investigación que realizó la secretaria del pleno municipal, quien ha trasladado a la Fiscalía su informe. Según esa investigación, los agentes de la unidad de disciplina urbanística de Córdoba intentaron ocultar que no existía sanción contra dos casas levantadas por policías locales.

Faltas administrativas

La Fiscalía también señaló ayer que no son constitutivas de delito otras prácticas llevadas a cabo por los implicados. Como, por ejemplo, la propia construcción de las casas, lo que no supone un delito contra la ordenación al no estar en un suelo protegido. Tampoco lo son "la demora en la tramitación de los expedientes administrativos" o la "obstaculización en la investigación". Según el fiscal, en esos casos se trata de asuntos que deben ir por vía administrativa y no por la penal. Martín-Caro quiso dejar claro ayer que, según la información que hasta el momento obra en su poder: "No hay indicio alguno que indique que se trate de prácticas generalizadas o que puedan afectar a un número importante de integrantes de la Policía Local". La Fiscalía no ha facilitado el número de agentes locales que ha decidido llevar ante el juez. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), valoró positivamente ayer que el fiscal haya dejado claro que las prácticas destapadas en el caso Torreblanca no son algo generalizado en la Policía Local de la ciudad. La alcaldesa también señaló que el Ayuntamiento no ha decidido todavía si se personará como acusación.

Por su parte, el PP siguió apostando ayer por "depurar" las responsabilidades políticas que puedan existir en este caso.