Txabarri culpa a Olano de dejarle solo

Los cuatro ex altos cargos guipuzcoanos y militantes del PNV que, encabezados por el anterior diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, han presentado una denuncia al tribunal nacional del partido contra su presidente provincial, Joseba Egibar, destacan en el texto de la demanda su malestar con el comportamiento del actual presidente foral, Markel Olano, en el esclarecimiento del caso Jauregi. Arremeten contra él por su tibieza en la defensa de la gestión de ese escándalo que hizo el equipo de Txabarri en la institución foral.

Los denunciantes creen que la asamblea se arrogó competencias ajenas

Txabarri, actual presidente del Puerto de Pasajes, y tres ex altos cargos de Hacienda -el ex diputado Juan José Mujika, el ex director de Hacienda Iñaki Rica y la ex directora de Política Fiscal Olatz Imaz- piden en su demanda al tribunal nacional que declare nula la resolución adoptada por la asamblea territorial el pasado 11 de abril. Por amplia mayoría, instó a los cuatro afiliados a abandonar el partido, acusados de haber filtrado los datos fiscales de Jon Jauregi, frustrado candidato de Egibar a diputado general.

Dicha imputación se sustenta en un dictamen de la Agencia vasca de Protección de Datos elaborado a instancias del propio Jauregi. Los cuatro denunciantes sostienen en su demanda, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso EL PAÍS, que el informe de ese organismo no presenta pruebas suficientes como para achacarles la autoría de la filtración. Txabarri y su equipo argumentan que la información difundida en marzo de 2007 por la SER sobre las irregularidades tributarias de Jauregi resultaba "más acorde y fiable con la documentación existente en el Banco Guipuzcoano que con la que obraba en la Hacienda foral".

Los demandantes culpan al actual Gobierno foral, presidido por Olano, hombre del núcleo de confianza de Egibar, de no haber realizado "el mínimo esfuerzo probatorio" respecto a la postura de su antecesor. El grado de desamparo se justifica también por el hecho de que la actual Diputación ni siquiera se presentó a las pruebas testificales que propuso la agencia. Más aún, el gabinete de Olano "se aquietó" ante la agencia "sin haber interpuesto recurso alguno" ante su resolución.

Las mayores críticas se dirigen contra Egibar y su papel en la asamblea. Los denunciantes le acusan de ser el "principal instigador" de un "linchamiento público" contra ellos y le reprochan por "falsear en repetidas ocasiones" el contenido de la resolución de la agencia.

Añaden que la asamblea, controlada de forma férrea por el presidente provincial, se extralimitó en sus funciones estatutarias, arrogándose "competencias propias de los tribunales internos" y prescindiendo de "todo procedimiento democrático" al vulnerar "el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa de los acusados".

Los cuatro firmantes consideran una "injuria" que la asamblea difundiese "expresiones que lesionan" su dignidad, "perjudican gravemente" su reputación y atentan contra su estima. Han decidido acudir directamente al tribunal nacional porque, según su escrito, el tribunal regional de justicia se hallaba presente en la asamblea, pero "en ningún momento intervino para advertir del abuso que se estaba cometiendo". Finalmente, hacen constar que aún no se les ha sido notificada la resolución de la asamblea, aunque "sí está colgada" de la página de la ejecutiva provincial en Internet.

Ni Egibar ni ningún responsable de su ejecutiva han contestado públicamente hasta ahora a la denuncia de los cuatro ex altos cargos, revelada por este periódico el martes.