Las familias del Yak-42 piden al juez que impute a Trillo

La asociación que agrupa a las familias de la mayoría de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), presentó ayer un escrito ante el juez central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, en el que imputa al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, un presunto delito de homicidio por omisión por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el siniestro. Dada la condición de aforado del ex ministro, diputado del PP por Alicante, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.

El escrito alega que el ex ministro conocía los fallos y no hizo nada

La acusación se basa en que Trillo "conocía las deficientes condiciones de seguridad" en que viajaban las tropas españolas o, en todo caso, "era su obligación conocerlas, por la trascendencia que habían cobrado" las quejas de los militares y, sin embargo, no hizo nada para evitar el siniestro. Tres son al menos los hechos que, según el escrito, demuestran el conocimiento previo por parte de Trillo. El primero es la pregunta escrita que la diputada socialista Carmen Sánchez formuló el 1 de abril de 2003, en la que se hacía eco del "malestar" de los soldados que volaron en un avión bielorruso. El 30 de abril, casi un mes antes del accidente, el gabinete del ministro contestó negando dicho malestar.

El segundo es el informe que el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) elaboró el 26 de abril de 2003, en el que advertía del riesgo que corrían las tropas al viajar en aviones de transporte de origen soviético. En una reunión mantenida en junio de 2004 por el ex jefe del Ejército de Tierra Luis Alejandre y su sucesor, José Antonio García González, "ambos generales afirmaron que había sido cursado, en fechas próximas a su elaboración, al Estado Mayor de la Defensa y que, casi con toda seguridad, se había cursado al Sr. Ministro", según una nota aportada a la causa.

Por último, el Mando Aéreo de Levante redactó el 10 de marzo de 2003 un documento que acumulaba varias quejas de dichos aviones, incluidos fallos graves de seguridad. Trillo aseguró que este informe se traspapeló y no llegó hasta después del accidente. Sin embargo, hay constancia de que fue recibido vía fax el 11 de marzo, dos meses y medio antes del siniestro, en el Centro de Conducción de Operaciones de la Defensa (CECOD), ubicado en la sede central del Ministerio. El jefe de este organismo era el general José Antonio Beltrán, a quien Trillo encomendó luego la repatriación de los cadáveres del Yak-42, 30 de los cuales fueron enterrados sin identificar.

Hasta ahora, Trillo sólo ha declarado en este caso como testigo. Lo hizo en marzo pasado, acogiéndose a su privilegio de responder por escrito y descargando toda la responsabilidad en los mandos militares.