Otras cuatro sentencias del Tribunal Superior anulan el plan de Ourense

El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) no sólo es ilegal por haber aprobado una planimetría distinta a la expuesta al público, como se recoge en la primera sentencia que lo anula en su totalidad, emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El plan orensano incumple además diversos trámites y obvia informes perceptivos. Así se desprende de cuatro nuevas sentencias emitidas por el alto tribunal gallego que anulan en su totalidad otras tantas veces el plan de ordenación de Ourense, que fue aprobado definitivamente en 2003 por la Consellería de Ordenación del Territorio presidida por Alberto Núñez Feijóo.

Con estas nuevas sentencias suman ya seis (de los 17 recursos presentados a la totalidad) las emitidas por el TSXG anulando el plan de urbanismo de la capital orensana ratificado en su día sólo por los votos del PP y recurrido judicialmente por el PSOE.

Entre las nuevas deficiencias consideradas relevantes por el tribunal superior para anular el plan figuran algunas como que éste se aprobó sin "presentar informe sobre las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones". Un hecho suficiente para el Tribunal Superior como para "no entrar a examinar otras cuestiones de fondo". El tribunal reitera la anterior sentencia, según la cual los planos, la memoria, el estudio económico financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello y firma" de autentificación.

Los cuatro autos que anulan el plan se pronuncian sobre los recursos presentados por dos empresas (Caracochas y ATL Urbanísticas) y por los particulares Manuel Valentín Álvarez y Olga Rodríguez González.

El grupo de gobierno del Ayuntamiento (ahora integrado por PSOE y BNG) decidió recurrir estas sentencias con las que están de acuerdo, pero cuya aplicación dejaría a la ciudad con el planeamiento de 1986 y con la consiguiente imposibilidad de ejecutar el desarrollo urbanístico y las inversiones previstas.

El alcalde orensano, el socialista Francisco Rodríguez, afirmó al conocer la primera sentencia de anulación del plan que con el recurso al Tribunal Supremo (ya se han enviado los correspondientes a las dos primeras sentencias) el gobierno local pretende ganar tiempo para ir realizando modificaciones puntuales en la planimetría que dejó el PP y, a la vez, ir redactando un nuevo documento que sustituya al anulado, que para PSOE y BNG era "claramente especulativo".

La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, subrayó ayer que los informes de los que carece el plan "no son irrelevantes, como señala el grupo municipal del PP; ninguna tribunal tumba un planeamiento por cuestiones irrelevantes".

Socialistas y nacionalistas insisten en responsabilizar directamente al anterior grupo de gobierno, presidido por Manuel Cabezas, por imponer sin consenso una normativa "lesiva para los intereses colectivos y que marca el desarrollo de la ciudad para 20 años". Los dos socios de gobierno descartan por el momento presentar demanda judicial contra el PP por haber expuesto al público unos planos que no se correspondían con los aprobados en pleno, pero insisten en reclamar que la Fiscalía actúe de oficio.

El Fiscal jefe, Florentino Delgado, descarta esa posibilidad considerando que toda vez que ha habido un fallo judicial podría habérsele hecho esa recomendación, "pero ninguno de los jueces vio indicios de criminalidad". Además, sostiene que no recibe recado a través de los medios, aunque "la Fiscalía está abierta a cualquier denuncia".