Transparencia informativa y democracia

El buen periodismo no entiende de papel, web, radio o televisión. El medio no determina el mensaje, sino que son las fuentes y los contenidos los que determinan el nivel de calidad y de interés público de la información. Por eso, el ejercicio del periodismo consiste básicamente en hacer preguntas. Habitualmente, quien tiene las respuestas no quiere responder porque en su control radica su poder.

El problema aparece cuando las respuestas son custodiadas por la Administración pública, únicamente porque su función y gestión así lo presupone. ¿Qué países compran tecnología de doble uso a España y cuánto dinero representa en la balanza comercial? ¿Qué diputados asistieron (no qué votaron) a la última reunión de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados? Estas y otras preguntas cuya respuesta tutela el Estado son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, que encuentran innumerables trabas y excusas por parte de los funcionarios, que desatienden estas peticiones sin otro argumento que la confidencialidad, la seguridad o, básicamente, "a usted qué le importa". La experiencia de cualquier periodista se confirma con los informes presentados por asociaciones y ONG. El funcionario desconoce sus obligaciones, teme las represalias y deriva las preguntas hacia el gabinete de prensa de turno, que se encarga de modelar la información, saturar con datos o cortocircuitar el acceso a las fuentes.

En España, los funcionarios no están educados en la tarea de informar al público

La concepción cerrada de la Administración está lejos de las demandas de una sociedad abierta y transparente, que reclama a los Gobiernos que expliquen sus actuaciones y el gasto que suponen. La democracia está basada en la información, porque es el ciudadano quien tiene derecho a conocer, a expresarse y a estar en desacuerdo. El ciudadano que conoce tiene capacidad de juicio sobre los asuntos de la esfera pública y forma una opinión pública responsable. La transparencia informativa facilita este proceso en tanto que asegura el desarrollo del Estado de derecho, engrasa el sistema político, incrementa la competencia efectiva entre partidos y fomenta la función de perro guardián de los medios de comunicación.

La prensa es sólo la correa de transmisión entre públicos y Gobiernos. No tiene más derechos, si bien actúa como referente y creadora de espacios públicos para la opinión y el intercambio de ideas. La prensa libre impulsa el buen gobierno de las administraciones públicas y es un factor determinante para la reducción de la corrupción. Por esa razón, cuenta con un marco legal que les permita ejercer el derecho fundamental a la información en sus tres vertientes, que son la de investigar, informar y difundir. Suecia fue la pionera al incluir estas obligaciones en la ley de prensa de 1766. Ya en la segunda mitad del siglo XX le siguieron Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y más de 70 países en todo el mundo que han desarrollado los derechos de los ciudadanos para reclamar información. El caso más conocido de la Freedom of Information Act estadounidense es la publicación de los papeles del Pentágono, que en 1971 demostraron el alcance de los bombardeos en el norte de Vietnam, si bien hay centenares de ejemplos: la divulgación de los encuentros con insurgentes colombianos en 1998, detalles sobre la intervención en Irak o la paz de Dayton, archivos sobre el 11-S, etcétera.

En cambio, y como norma, en España, toda la información se considera reservada... por si acaso. Si no, hay que demostrar el interés legítimo, que carga la prueba sobre el ciudadano y no sobre la Administración. Exactamente al revés que en todos los países de nuestro entorno político. Durante la reciente campaña, el PSOE ha prometido una ley de información pública que cubra este vacío legal. Ha llegado la hora de tomar el derecho al acceso como una prioridad en el Congreso, porque la especulación urbanística, la financiación de los partidos, la información sobre las corporaciones municipales y la transparencia en la contratación de servicios y obras públicas son cuestiones urgentes y directamente relacionadas con la transparencia y el buen gobierno y, en particular, de los ayuntamientos.

Sin estas herramientas, la democracia está incompleta. Las actuales normas de acceso están descoordinadas o no se ajustan a los patrones mínimos internacionales y, además, los funcionarios no están educados en la tarea de informador público. La doctrina de "no corresponde a mi departamento" mina las posibilidades de mejorar la calidad de nuestro sistema cuando el ciudadano está indefenso ante el "no" de la Administración.

La transparencia es sinónimo de sociedad abierta y fuerte. La clase política tendría que estar más interesada en transmitir la información a los ciudadanos y no temer a la opinión pública. Aquello que no es secreto oficial, que no atenta contra la seguridad y la lucha antiterrorista, que no perjudica la averiguación de delitos y la protección de datos personales, tiene que ser por definición público y de libre acceso. No debe ser un privilegio de los periodistas, sino de todos, porque alimenta la condición ciudadana y sustenta la democracia contemporánea. Ha llegado el momento de dejar de ser la excepción. Nosotros, los periodistas, lo agradeceremos en nuestro trabajo diario, y los ciudadanos, aún más.

Juan Luis Manfredi Sánchez es profesor de la IE Universidad y periodista.