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Columna
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Prioridades territoriales

En materia territorial y urbanística, el Parlamento y el Gobierno gallego están activos: leyes de medidas urgentes y sectoriales, directrices territoriales a punto de ser presentadas, normas de habitabilidad... Una cascada que se nos echa encima y que, quizá por su mismo exceso, resulta de difícil digestión y puesta en práctica. Ordenar las prioridades, secuenciar las medidas, conseguir aliados para su desarrollo, es más importante que una eclosión normativa que, en vez de subrayar la energía del Ejecutivo, podría revelar problemas de coordinación a la hora de marcar objetivos.

Como principio general, se puede decir que en este momento Galicia debe ser dibujada antes que legislada o normativizada. Es necesario diseñar y focalizar las políticas sectoriales y ordenadoras contenidas en planes generales, directrices territoriales y planes del litoral. Intentemos un orden de prelación.

Los ayuntamientos pequeños necesitan ayuda; no paternalismo, sino asesoramientoPrioridades territoriales

Lo prioritario es continuar con la tramitación y adaptación del planeamiento municipal. Con buen criterio, más allá de la mera supervisión del procedimiento legal, la consellería de Política Territorial introduce en esta instancia de aprobación de un plan factores de rigor en la expansión urbana, impidiendo excesos de crecimiento irracional e implantando pautas de ordenación y cualificación de espacios comunes de alcance supramunicipal.

En lo concerniente a las directrices territoriales, no se trata, ciertamente, de aprobarlas todas al mismo tiempo, aunque convenga valorarlas con una perspectiva de conjunto. Las más importantes son las que afectan a los ayuntamientos metropolitanos y a las ciudades en general, con su entorno urbano, pues las directrices deben definir el perfil de lo que ha de unir en torno al espacio metropolitano o el área urbana, y no tanto su ámbito o su fórmula administrativa, que parece ser lo que más preocupa. Las directrices han de marcar la pauta de crecimiento, el papel de las infraestructuras en el planeamiento, las áreas de protección del paisaje, la localización de suelo industrial, las instalaciones de servicio comunitario, etcétera, factores de cohesión de los ayuntamientos que conforman un espacio supralocal. Un ejemplo claro de descoordinación es la competencia soterrada entre los municipios limítrofes con las capitales por la construcción residencial, sin parar mientes en los problemas de movilidad que generan entre sí. El actual colapso de las carreteras nacionales es la consecuencia de haber colmatado sus márgenes con edificaciones. ¿De qué vale, en efecto, construir variantes si el planeamiento municipal rellena luego con edificación los espacios intersticiales y colindantes a la nueva infraestructura?

En cuanto a los planes del litoral, su importancia estriba en la capacidad de delimitar las áreas paisajísticas de interés general para permitir que los ayuntamientos, el sector de la construcción y los particulares sepan a qué atenerse en unas zonas de tan delicado tratamiento, y han de hacerlo antes de que expire el plazo estipulado de dos años.

En segundo lugar, los ayuntamientos pequeños necesitan ayuda; no paternalista sino asesoramiento, que puede facilitárseles a través de organismos facultados para acudir en cualquier momento a despejar una duda, emitir un informe, redactar una norma, resolver un problema. En ese sentido, es fundamental no duplicar departamentos con competencias similares, para no complicar una Administración ya lastrada con múltiples trámites y regulaciones. En los ayuntamientos grandes, en cambio, el problema es otro: es una cuestión de repartir competencias, de otorgarles la mayoría de edad. El nuevo decreto de habitabilidad, que se ha colado en el orden de prioridades -y con el que concuerdo en líneas generales, porque aspira a mejorar la calidad de la vivienda y del hábitat-, trata con cierta desconfianza a los ayuntamientos urbanos, sobradamente capacitados para dispensar las excepciones a su aplicación, como lo están las comisiones del plan especial de las ciudades históricas para analizar aspectos patrimoniales, más delicados, por cierto, que los propios de habitabilidad.

La auténtica transformación de Galicia tiene que venir de un planteamiento valiente de la movilidad en los conjuntos urbanos: el papel estructurante de las estaciones intermodales y de las terminales del tren de alta velocidad; el transporte metropolitano, en el que están empezando a darse los primeros pasos y, sobre todo, la primacía de los medios públicos en el downtown de las ciudades, donde ya no caben más coches, pasarelas, túneles o glorietas. Es un problema de educación en torno al uso de la ciudad.

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