Medio Ambiente considera "inviable" el PGOU de Almería

La Junta de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Almería que modifique el 70% del suelo previsto para desarrollos a largo plazo en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo estima el informe de la declaración de impacto ambiental provisional, que considera "inviables" cinco sectores y tilda de "viables condicionados" a los más cercanos a la Universidad, al barrio de Castell del Rey y a la Vega de Allá.

"La declaración de impacto ambiental va a ser muy buena para el futuro de Almería. Se ha hecho un análisis global. Va a ser muy buena para la ciudad. Permite que Almería tenga bastantes suelos para su desarrollo a corto, medio y largo plazo. Primaremos la calidad de vida de los ciudadanos, protegeremos los espacios protegidos y, sobre todo, haremos aportaciones sobre cómo desarrollar los nuevos espacios", explicó el delegado de Medio Ambiente en funciones, Juan José Luque.

Los desarrollos a largo plazo que la Junta considera inviables afectan a zonas colindantes con el municipio de Níjar, Vícar y la barriada de Cuevas de los Úbeda, además de las inmediaciones del aeropuerto y la cara trasera de La Alcazaba. Sobre este sector, Luque se mostró tajante: "Es una zona forestal y debe quedar preservada para la ciudad. Creemos que debe tener clara vocación de zona de protección paisajística".

Mejoras

Medio Ambiente pedirá al Consistorio que "mejore" la propuesta realizada en otros sectores urbanizables. Es el caso de la Universidad de Almería, donde la Junta pedirá que se plasme "lo más coherentemente posible, sin generar una barrera arquitectónica frente al mar"; o el de Castell del Rey, cuyo desarrollo "habrá que estudiar muy en detalle".

Pese al recorte, Luque aseguró que la mayor parte del documento es viable desde el punto de vista ambiental. "Le hemos dado viabilidad a una buena cantidad de suelo a corto, medio y largo plazo. Es un plan bueno medioambientalmente", matizó.

El documento incluye una serie de recomendaciones en las que pide a los responsables municipales que tengan en cuenta la gestión de los residuos de demolición, la nueva normativa sobre contaminación lumínica, el empleo de métodos de lucha integrada en la jardinería, el rechazo a especies exóticas invasoras y el polvo en suspensión que generan las obras.