Vuelva usted mañana, aunque esté muerto

La burocracia en la concesión de plazas para mayores en las residencias públicas de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, con una lista de espera de 17.000 personas, está provocando disgustos innecesarios a personas cuyos seres queridos han muerto en los últimos tiempos. Al menos dos familias de solicitantes ya fallecidos, uno de ellos en julio de 2005, han recibido sendas cartas instando a la renovación de la solicitud de plaza.

El último caso lo dio a conocer ayer la cadena SER y es el de Inés, viuda de Francisco, muerto el día de su 69 cumpleaños, el 31 de julio de 2005, tras cinco años de padecer alzhéimer. "Presentamos la solicitud a principios de 2004, cuando mi marido ya necesitaba asistencia las 24 horas, y en casa yo y la persona que me venía a ayudar no dábamos abasto", explica Inés, que no puede ocultar su disgusto porque tres años después de morir su marido el Gobierno regional le inste a renovar la solicitud. "Es que aún no le dan ni la plaza, sino que piden que renueve todos los papeles. Imagínate cuándo le llegará la ayuda que necesitábamos hace tres años", se queja.

La Consejería de Familia, por su parte, argumenta que la tramitación de las plazas en residencias "sigue su curso hasta que se tiene noticia de que la persona ha muerto". "Si nadie nos lo comunica, ¿cómo podemos saberlo?", explica un portavoz, que considera que son las familias las que deben alertar de que ya no es necesaria la plaza.

En octubre de 2007, se le envío a otra anciana la misma solicitud del Gobierno regional, nueve meses después de su fallecimiento. María Luisa Bañuelos, hija de Francisca Cubo Herrero, había solicitado en noviembre de 2001 una plaza gratuita en una residencia para asistidos, amparándose en un informe de minusvalía del 97%. Los trámites se prolongaron tres años, ya que Francisca contaba con tres pensiones y no podía aspirar a una plaza gratuita. Todo quedó resuelto entre julio y diciembre de 2004, cuando la mujer entró en la lista de espera para una plaza financiada en parte por la familia y en parte por la Comunidad de Madrid. Pero a partir de ahí, el silencio. Hasta el 11 de octubre de 2007, cuando a Francisca se le mandó una nueva carta de la consejería en la que piden los mismos documentos aportados tres años antes.

María Luisa, que había enterrado a su madre el 4 de enero, se llevó un buen disgusto. Escribió una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que recalcó que el Gobierno regional no debería olvidarse de aquellos que, "en otro momento de su vida contribuyeron con su trabajo y esfuerzo a hacer que nuestro país prosperara y que al final de sus vidas, se ven, en muchos casos, olvidados y solos".

Las cosas, sin embargo, no terminaron ahí. El pasado 4 de enero, justo un año después de la muerte de su madre, María Luisa recibió otra carta en la que le comunican el archivo de su expediente "por no presentar la documentación requerida".