Lucha de poder por el control de la Unión de Consumidores

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), una de las principales organizaciones del movimiento consumidor de la comunidad, se encuentra inmersa en una auténtica lucha de poder tras el cisma abierto entre su actual presidente, Juan Moreno Rodríguez, y cinco de las ocho asociaciones provinciales (que representan más del 70% de la federación). Tres de éstas, Málaga, Sevilla y Jaén (las dos últimas dirigidas por dos vicepresidentes de UCA), han sido expulsadas por el presidente por no cumplir con los estatutos, una medida adoptada después de que las asociaciones rebeldes decidieran acudir a los tribunales ante la negativa del presidente a convocar un congreso extraordinario en el que pretenden forzar la salida de Moreno.

UCA fue condenada a pagar más de 42.000 euros por acoso laboral

Un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite la demanda de las cinco asociaciones contestatarias a la gestión de Juan Moreno y será, por tanto, la vía judicial la que decida si se celebra o no un congreso en el que los demandantes pretender revocar el mandato del actual presidente.

Ha sido el último capítulo de una encarnizada lucha interna por el poder, que se precipitó tras la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, de 13 de diciembre de 2004, condenando por mobbing o acoso laboral a la Unión de Consumidores de Andalucía tras la demanda interpuesta por la anterior jefa de prensa de la federación.

Aunque la condena iba contra UCA, como contratante de la demandada, en el fallo se responsabiliza al actual presidente de la "actitud hostil" contra la trabajadora, que estaba embarazada de seis meses y que necesitó atención psicológica por "síntomas compatibles con maltrato laboral". El juzgado sevillano condenó a UCA a 20.849,16 euros por la rescisión del contrato de la empleada más una indemnización de 7.297,21 euros como resarcimiento de los daños morales causados. Las dos partes recurrieron el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el año pasado confirmó la condena por mobbing y elevó la cantidad a pagar por UCA a 42.515,28 euros.

Esa sentencia fue el detonante que agravó una prolongada crisis interna, pues con anterioridad ya se había constatado la desconfianza entre el presidente y el sector crítico, que le acusaba de falta de transparencia en las cuentas y de otras presuntas irregularidades en su gestión. "Han utilizado ese fallo como pretexto para acudir a los tribunales, pero lo que tienen que hacer es cumplir con los estatutos", señala el presidente de UCA, Juan Moreno Rodríguez, quien apunta que tras la sentencia de primera instancia puso su cargo a disposición de la junta directiva y ésta lo rechazó. Posteriormente, en un congreso celebrado en 2006, fue reelegido como presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, cargo que desempeña desde 2002 y que compatibiliza con su condición de secretario de la Unión de Consumidores de España (UCE). Según Moreno, los presidentes de las tres asociaciones provinciales que han sido suspendidos cautelarmente de UCA, se niegan a adaptar los estatutos "para que la democracia sea personal y directa, y no con voto delegado, con el que algunos quieren perpetuarse en el cargo".

Las cinco asociaciones críticas -las tres suspendidas más las de Cádiz y Almería- rechazan las críticas de Moreno. "Es una cortina de humo para eludir su responsabilidad. Sólo queremos una asociación democrática y transparente y que se respete la voluntad de la mayoría de los socios", indicó un portavoz de los críticos.