De la Vega: "Los derechos no son objeto de contrato"

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, salió ayer al paso de la iniciativa aireada por el Consell para instaurar en la Comunidad Valenciana el contrato con los inmigrantes que planteó Mariano Rajoy en la pasada campaña electoral.

"En España el cumplimento de la ley no es negociable y por tanto no puede ser objeto de un contrato", sentenció De la Vega en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrado ayer debido al puente. "En España hay derechos, no adhesiones, algo que suena a otros tiempos, máxime cuando son inquebrantables", siguió la vicepresidenta.

"La ley vale para los ciudadanos, los inmigrantes y todas las instituciones"

Y se extendió en la lección sobre fundamentos de derecho: "La ley y la Constitución valen para todos los ciudadanos, los inmigrantes y todas las instituciones, ya sean de ámbito nacional, autonómico o local. La ley es igual para todos y las normas de convivencia están contenidas en la ley, en el marco constitucional y en el ordenamiento jurídico", insistió. Para remachar: "La justicia exige el cumplimento de la ley para todo el mundo. Es así de sencillo".

La vicepresidenta recordó que el Gobierno trabaja para regular al máximo los flujos de inmigrantes que quieren trabajar en España. Por contra, lamentó que la Generalitat valenciana pretenda introducir un contrato con los inmigrantes, en una estrategia para "burlar la voluntad de los ciudadanos que rechazaron mayoritariamente esta iniciativa en las urnas", en las elecciones generales del 9 de marzo.

"Los responsables del PP que, con todos los respetos, tengan visiones distintas de España y quieran imponer un modelo distinto, deberán, en todo caso, explicarlo", concluyó De la Vega, "nuestro modelo es un modelo de derechos que derivan de las leyes, no de las costumbres".

A pesar del severo varapalo jurídico que recibió la posible iniciativa legislativa en torno al contrato con los inmigrantes, Rafael Blasco, consejero de Inmigración, se mantuvo ayer en sus trece y defendió las "dos vertientes" del anteproyecto: "La Generalitat se compromete a poner en marcha todas las medidas contempladas en el anteproyecto de ley dirigidas a facilitar la plena integración de los extranjeros residentes en la sociedad valenciana, así como a crear el marco adecuado para que puedan mantener su cultura y costumbres propias", mientras que los inmigrantes se comprometen "a cumplir las leyes, a conocer y respetar los valores, principios y costumbres españolas y valencianas, y a pagar sus impuestos y cotizaciones".

El consejero de Inmigración anunció que el próximo miércoles será recibido por Celestino Corbacho, ministro de Trabajo. Será la primera reunión del nuevo ministro con un consejero autonómico. Blasco sugirió que abordará asuntos como la financiación de las políticas de integración, recogidas en un plan aprobado por el Consejo de Ministros hace más de un año, y el contrato de inmigrantes. Pero Corbacho anticipó el martes que las comunidades autónomas deben abstenerse de legislar sobre materias en las que carecen de competencias.

El borrador de la ley de integración que ahora baraja el Consell establece que los inmigrantes recibirán "certificados de aprovechamiento de los cursos básicos de formación" a los que asistan "con el fin de facilitar el acceso al empleo de los extranjeros residentes en nuestra comunidad", una forma de señalar a los que no firmen el contrato de integración.