El Tribunal Superior pide a Garzón toda la causa abierta contra EHAK

El Tribunal Superior de Justicia vasco ha requerido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que le remita "la totalidad de las actuaciones" que se siguen contra EHAK, al entender que es el tribunal competente por ser parlamentarios vascos. El Superior anuncia que, tras asumir la causa, ratificará las medidas cautelares dictadas contra el partido que recogió los votos de la ilegalizada Batasuna en las autonómicas de 2005. En concreto, el bloqueo de todas las cuentas y depósitos del grupo parlamentario de EHAK, así como de los apoderados o representantes legales de la formación, tras la causa abierta por la Audiencia Nacional por supuesta colaboración e integración en organización terrorista.

El pasado 6 de febrero, Garzón dictó un auto en el que consideraba que sin la intervención del presidente y de los tesoreros de EHAK "no habría sido posible llevar adelante la actividad presuntamente delictiva que se investiga". Ésta se concretaba en la presunta vinculación de EHAK con Batasuna-ETA, así como la "instrumentalización económico-financiera" de dicho partido legal para "contribuir" a la actividad y fines de ETA.

Presidente y tesoreras

Según Garzón, todo esto se habría realizado a través de sus responsables, "que habrían autorizado, diseñado, dirigido o participado en las operaciones". En su resolución, también solicitaba a la Fiscalía que informara si procedía elevar un "atento suplicatorio" ante el Superior contra las diputadas de EHAK Karmele Berasategui y Nekane Erauskin, imputadas en la causa.

El Tribunal Superior solicita a la Audiencia Nacional que comunique a todas las entidades financieras la asunción de competencias por su parte y pide a Garzón que se inhiba y le remita las actuaciones referidas al presidente del partido, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto. También solicita que se notifique la resolución a la Fiscalía y a las parlamentarias de EHAK Karmele Berasategui y Nekane Erauskin. El instructor del caso será Antonio García.

El tribunal se declara competente para juzgar el caso por tratarse de hechos cometidos presuntamente por dos parlamentarias vascas en Euskadi. En el caso de los otros tres imputados, que no son aforados, reclama su competencia porque guardan relación con la misma causa y para evitar tomar "decisiones contradictorias" en la instrucción.

Garzón va a solicitar un informe al fiscal sobre la petición, aunque, según fuentes jurídicas, su intención es seguir instruyendo la parte de la causa que no afecta a las parlamentarias.