Rajoy y la estabilidad democrática

Dos crisis se cruzan en España en estos momentos: la crisis financiera con repercusiones serias en toda la economía nacional y la crisis del PP. Asistimos estupefactos a la falta de debate sobre la primera, mucho más importante para los españoles que la segunda; la crisis financiera pende sobre la cabeza de cientos de empresas que ven limitadas sus andanzas y expectativas ante el cierre de las ventanillas bancarias para que las empresas puedan disponer de recursos financieros que les permitan seguir manteniendo o ampliando sus negocios y el empleo. La empresa española puede sucumbir en cadena si no se toman medidas que permitan devolver el crédito financiero al sector empresarial español.

Hay una derecha montaraz y otra respetuosa, moderna y europeísta

El PP pretende atribuirse el monopolio de lograr el final de ETA

Y asistimos expectantes al debate que el PP ha iniciado con vistas a su congreso de junio. Aquí resulta más fácil y menos comprometida la opinión. Los ciudadanos ven con divertimento la pelea partidaria y con preocupación, hasta el punto de que la psicología tiene campo para el estudio, la situación económica. A todos nos importa poco lo que pasa en el PP, aunque muchos deseamos que ese partido se oriente hacia la moderación y la aceptación de las reglas democráticas.

Si exceptuamos el periodo en el que gobernó UCD, que nació y murió con la transición, la democracia de verdad, estabilizada y normalizada, empieza a contar desde las elecciones de 1982. Han pasado, pues, 26 años de democracia en España. De esos 26 años, durante ocho ha gobernado el PP y 18 ha gobernado el PSOE.

Existe una derecha montaraz, muy patriótica pero nada constitucionalista, que pide más madera a Rajoy en su labor de oposición o, de lo contrario, que deje el puesto a alguien que sepa seguir la estrategia de la dureza y la confrontación. Hacerle caso, desde el PP, es caer en la tentación de pensar -si no lo piensan ya- que este juego de la democracia no es bueno para que ellos lo jueguen, por la sencilla razón de que casi siempre ganan los mismos. Han cambiado de jugador en varias ocasiones y el resultado no es el que ellos esperaban cuando, a trancas y barrancas, decidieron participar en democracia.

Afortunadamente, existe otra derecha que sí quiere jugar -y ganar limpiamente- al juego democrático. Conservadores democráticos, modernos, europeístas y respetuosos con las reglas. Esos conservadores, que tienen todo el derecho a alternarse en el poder, deben ser los que se impongan en la definición de un partido de centro-derecha similar a lo que fue la UCD, que, por cierto, le ganó dos elecciones al PSOE.

Para ello se tienen que olvidar de la pretensión que el PP tuvo en la legislatura pasada de romper las reglas del juego con las que hemos llegado hasta aquí.

Solo cuando el PP apareció como un partido de centro-derecha democrático y moderno, consiguió obtener el apoyo mayoritario de los ciudadanos en forma de mayoría absoluta que Aznar se encargó de echar a perder cuando volvió por la senda más intranquilizadora de la derecha cerril. Esa derecha moderna, democrática, europea, y eso dependerá mucho de quien la lidere, tiene la oportunidad de demostrar a los ciudadanos que vuelve a jugar limpio con el deseo de gobernar en España sin romper nada.

La primera ocasión de demostrarlo se va a presentar en el congreso de junio. Sería deseable que el discurso de la derecha que salga de ese congreso se situara en la defensa cerrada de la acción del gobierno en aquellos asuntos donde los ciudadanos no admiten ni medias tintas ni juego sucio. El PP debe saber y hacer saber a sus militantes y a los ciudadanos que sin su contribución leal será difícil acabar definitivamente con ETA. La política de excitación de los bajos instintos que ha practicado en los últimos cuatro años ha imposibilitado que el Gobierno arriesgara algunas medidas, sobre todo las relacionadas con los presos etarras, que hicieran posible el avance hacia el final de ETA. El PP sabe que ningún gobierno podrá ampliar el campo en relación con la lucha antiterrorista si ese partido no lo apoya y consiente.

En democracia, los partidos tienen dos o tres misiones históricas que realizar; cada uno de ellos representa lo que representa y es visto por los ciudadanos como aptos para llevar adelante determinadas misiones. Los hay que piensan que la lucha contra ETA y su exterminio es cosa de la derecha; para muchos el PP no es sospechoso cuando negocia con la banda mientras que el PSOE no es leal con la democracia y con España cuando pretende lo mismo. Aunque el presidente Zapatero, cuando decidió el contacto con ETA, se encadenó al Parlamento para evitar cualquier tentación de sucumbir a los cantos de sirena al estilo Aznar y, a pesar, de no haber dado ni un solo paso que pudiera haber hecho creer a la banda que las llaves de la cárcel pasaban de las manos de los demócratas al bolsillo de los terroristas, el PP, y quienes le apoyan mediáticamente, han conseguido hacer creer a una parte significativa de la población que Zapatero y el PSOE se han entregado de pies y manos a los asesinos de ETA.

Y no era difícil hacer pasar esa falsedad cuando la derecha española considera patrimonio suyo la tarea histórica de terminar con ETA; ya lo dejó escrito Antonio Hernández Mancha, que fue presidente nacional del PP, en un artículo en EL PAÍS del 26 de junio de 2006, en donde escribió literalmente: "Ya hemos dado por perdida una baza que sólo al PP correspondía: la de haber acabado con ETA. No demos por perdida la segunda, que es la reforma de la Constitución".

De igual forma que la política de reconversión industrial llevada a cabo por el gobierno socialista en los años 80 hubiera sido imposible haberla realizado por un gobierno de derechas, un final negociado de la banda ETA resultará imposible sin el apoyo de la derecha. Ofrecer ese apoyo al presidente del gobierno es certificar definitivamente el final de ETA y jugar a la democracia limpiamente, aceptando sus reglas y abriendo una posibilidad cierta de poder gobernar.

El PP, además, debería dejar constancia de que su voluntad pasa por aceptar la propuesta de Zapatero para que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional gocen de la estabilidad, independencia y credibilidad que se les ha arrebatado a lo largo de la última legislatura. Los demócratas españoles estamos deseando saber y comprobar que esos órganos fundamentales para la democracia han dejado de ser un instrumento al servicio de los partidos para convertirse definitivamente en instrumentos al servicio de los ciudadanos; la credibilidad de nuestra democracia se asienta en la capacidad de la Justicia para transmitir objetividad e independencia en la toma de decisiones que afectan a nuestros derechos. Un alineamiento partidario como el que se ha producido estos últimos años en el Consejo y en el Constitucional es una bomba de relojería puesta en las aspiraciones de justicia que todos deseamos en un sistema de derecho como el español.

Por último, sería de gran ayuda a la estabilidad democrática que desde el PP y el PSOE se evitaran los ataques que, desde determinados medios, se han hecho contra la monarquía parlamentaria, base del acuerdo institucional que nos ha permitido llegar hasta aquí. Si todo eso se desarrollara así, es decir, dentro de la limpieza del juego democrático, podríamos concluir que estas elecciones las perdió el PP y las ganó Rajoy si sabe conducir a su partido al terreno de la utilidad democrática.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha sido presidente de la Junta de Extremadura.