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Conservar y no arriesgarse

Hace meses que van apareciendo en Cataluña -en la opinión crítica de la ciudadanía, pero también en la propia experiencia cotidiana de esa misma ciudadanía- una sucesión de deficiencias estructurales que van acrecentando un malestar general, transformado ya en una desilusión fatalista, una reducción de la autoestima, una inseguridad e incluso un alivio hipócrita de responsabilidades. El suministro de agua, la red ferroviaria de proximidad, los atrasos e incluso el mismo trazado de la alta velocidad, las perspectivas energéticas, las carreteras y las autovías, la funcionalidad del aeropuerto son temas ya trascendentales considerados fenómenos autónomos, pero claramente catastróficos vistos como una crisis general de nuestras indispensables infraestructuras. A lo largo de los últimos 30 años, Cataluña ha manifestado cambios positivos de relativa importancia, pero es cierto que se ha sumido en la absoluta insuficiencia de infraestructuras.

Las dudas pueden amenazar el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos

Las causas de esa debacle son diversas. La primera que se suele argüir es la ausencia de decisiones favorables -en la planificación y en el apoyo económico- del Gobierno del Estado. Un handicap cierto y evidente en el que ha intervenido la declarada mala voluntad española en pactar una estabilidad estatutaria basada en otro sistema de financiación más justo y en una mayor capacidad de decisión autónoma.

Pero las causas profundas no pueden limitarse a esas insuficiencias externas. Las hay también que corresponden al errático itinerario gubernamental de Cataluña y, a menudo, a los perniciosos entorpecimientos de la oposición política e incluso de una ciudadanía a veces demasiado anclada en actitudes conservadoras. Nuestro primer error ha sido no tener un exigente plan de infraestructuras a su debido tiempo, un programa claro y definitivo que habría justificado la urgencia de las decisiones. Las infraestructuras no pueden ser una solución a los problemas que se van presentando: son las bases de un futuro que se debe apoyar precisamente en ellas. No se puede resolver el tema del agua sólo cuando llega la sequía; no se puede corregir la red ferroviaria cuando éstas ya no funcionan y cuando las implantaciones urbanísticas ya han ocupado terrenos inadecuados e inaccesibles. No se puede estar dudando durante años y años sobre suministro y distribución de energía, amenazando la previsión del crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. Es cierto que en casos extremos hay que recurrir a soluciones de urgencia, pero las infraestructuras deben imponerse a 50 años antes de la culminación de las necesidades y regular con ellas el futuro de la urbanización, del crecimiento industrial y de los procesos de distribución de personas y mercancías. La auténtica planificación operativa de los territorios es, precisamente, la de las infraestructuras y, por eso, hay que imponer en ella no sólo soluciones técnicas radicales modernas, arriesgadas, sino, además, instrumentos políticos para aplicarla sin alteraciones. Sin convertir la opinión pública o la de las frívolas oposiciones en una opinión técnica indiscutible.

Los responsables son los gobiernos y los técnicos que los asesoran sin exigir la prioridad de sus conocimientos. Pero también lo es la ciudadanía que se suma frecuentemente a una oposición sistemática justificada con demasiada frivolidad en egoísmos locales o en la manipulación del combate político. He dicho frivolidad porque las razones son más profundas, más esenciales: estamos marcados -seguramente por motivos reales impuestos por el propio desorden- por el conservadurismo y por el miedo a la inseguridad, es decir, por la exigencia de una seguridad oficialmente garantizada. Son dos características que se pueden atribuir a una situación de decadencia, a una sociedad que se asusta ante los riesgos del progreso.

No hace mucho, por ejemplo, los medios de comunicación daban noticia de una fuerte oposición popular a la instalación de un parque eólico en un paisaje que merecía ciertas consideraciones paisajísticas, más de orden estético que económico. Simultáneamente, en los mismos medios, había una insistente referencia a la protesta de otros ciudadanos que argüían parecidas buenas intenciones altruistas y culturales contra el derribo de unos fétidos restos industriales del siglo pasado en la reurbanización de un sector de Barcelona. Es decir, por un lado se rehusaba la implantación de una nueva estética industrial y, por otra, se exigía el mantenimiento casi "museístico" de unas obsoletas instalaciones industriales que en su tiempo también debieron mancillar el paisaje. Lo común en ambas protestas era la voluntad de no cambiar las cosas, de conservarlo todo a ultranza, a pesar de la contradicción conceptual.

La protesta popular contra el trazado del túnel del AVE es un ejemplo de la exigencia de seguridad, una exigencia que pertenece también al mismo espíritu conservador, aún a sabiendas de que la garantía de seguridad absoluta es imposible y que el riesgo mínimo es inherente a cualquier empresa innovadora de cierta envergadura. Lo único seguro es no hacer nada o trazar el recorrido de la alta velocidad por territorios deshabitados.

Una última consideración. Es posible que todas esas anomalías y contradicciones sean una consecuencia ineludible de los conflictos naturales de la sociedad urbana moderna y aproximadamente democrática. Con ellas -hay que reconocerlo- se han alcanzado resultados positivos. Esa sociedad altamente conservadora ha logrado, por ejemplo, salvar algunos monumentos y evitar falsos progresos que eran simples procesos de especulación. Habría que ver cuál es el saldo definitivo. De todas maneras, sea el que sea, el habitante de una ciudad de nuestro mundo rico, liberal y predominantemente mercantil tiene todo el derecho de ser un individuo cautamente conservador. Aunque con ello acelere la decadencia de su comunidad nacional.

Oriol Bohigas es arquitecto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 29 de abril de 2008.

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