Educación retira su plan de abrir la escuela pública a la gestión privada

Pretendía hacerlo con prudencia, casi con cuentagotas, pero al final el Departamento de Educación ha decidido renunciar a su propuesta de abrir las escuelas públicas a la gestión privada. La propuesta se ha caído del texto que han acordado los tres socios de Gobierno catalán -PSC, ERC e ICV- para llevar adelante la primera ley de educación catalana. Los tres partidos han cerrado un acuerdo para tener lista la próxima semana un borrador de la ley.

Habrá medidas para repartir a los alumnos inmigrantes, que ahora se concentran mayoritariamente en centros públicos. De los 130.000 alumnos inmigrantes, más del 80% están escolarizados en centros públicos.

Educación quiere incorporar a la ley catalana algunos preceptos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) sobre la escolarización de inmigrantes, pero añadiendo otras medidas. La normativa estatal permite incrementar los alumnos por clase hasta un 10% para acoger alumnos con necesidades educativas especiales, básicamente inmigrantes. También que una clase pueda tener menos alumnos para reservar espacio a los inmigrantes que llegan con el curso empezado.

Habrá medidas para repartir a los inmigrantes, pero sin poner cuotas

Se darán medios a los centros para que mejoren sus resultados

Educación está dispuesta a añadir otra medida: el reparto de los alumnos extranjeros por zonas cuando se sobrepase un límite, que está por determinar, en un centro. Esta medida afectaría también a los privados concertados. Todo el articulado de la ley deberá desarrollarse en decretos y otras disposiciones.

En el texto se mantienen los principales cambios que anunció el consejero de Educación, Ernest Maragall, a finales del año pasado. El primero, la evaluación de los centros y de la actividad docente. Se creará para ello una Agencia de Evaluación. Se pretende que este ente tenga un perfil menos vinculado al Departamento de Educación que el actual Consejo Superior de Evaluación. Se plantea para ello que el presidente de la futura Agencia de Evaluación sea nombrado por el Gobierno de la Generalitat.

El segundo, dar más autonomía a las escuelas e institutos y más poder decisorio a las direcciones. El fracaso escolar (alumnos que no acaban secundaria) ronda el 28% y los que no siguen ningún estudio posterior son el 40%. Y a grandes males, grandes remedios. Se quiere dar medios a los centros para que mejoren los resultados. Los directores intervendrán en la selección del profesorado. Los profesores quedarán asdiscritos a zonas y no a centros como pasa ahora.

También se plantea crear nuevas direcciones territoriales, intermedias entre las de los centros y las delegaciones territoriales. Se mantiene igualmente que la escuela sea obligatoria a partir de los tres años, en lugar de a los seis. El 98% de los niños de tres a cinco años ya están escolarizados. Pero Educación considera que hacer la escuela obligatoria a esa edad ayudará a dar igualdad de oportunidadades desde edades tempranas a los más desfavorecidos.

El objetivo del Departamentod de Educación es tener la ley lista a final de año. Pero hay trámites obligatorios y Educación tendrá que correr mucho para que entre en el Parlament antes de julio. El departamento se ha comprometido a establecer una mesa de negociación con los sindicatos de docentes para tratar aspectos relacionados con sus condiciones de trabajo. Antes de ser aprobada, la ley deberá hacer un recorrido dentro del propio Gobierno, especialmente en el Departamento de Economía, debido al impacto que tendrá en el Presupuesto de la Generalitat en los próximos años.