Con un pie en la calle a pesar de haber pagado

"¡Nieves! ¡Se acabó! ¡Se han ido!". Al oír la noticia, Javier Queipo se echa a llorar. Su madre, Nieves Gómez, sigue hablando por el teléfono. Ni siquiera se gira para escuchar de frente lo que dice su amiga. Ella también llora. Quienes "se han ido" son la comisión judicial que venía a echarla de su piso, en el número 30 de la calle Moreja, en Orcasitas. Son las once de la mañana. Media hora antes, según la notificación del juzgado, tendrían que haber estado en la calle por impago al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Aunque la deuda ya estaba saldada.

Nieves Gómez saldó la deuda después de que el juez ordenara la expulsión

Vecinos y familiares acudieron a la casa para evitar el desalojo

La mujer ha pasado las horas anteriores como improvisada anfitriona, combinando los llantos con el recibimiento a multitud de vecinos, amigos y asociaciones del barrio que han acudido para impedir el desahucio. Incluso un letrado ha metido baza: "Mira, yo te ayudo pero le quitas el tema a tu abogada y me lo das a mí". Nieves asiente a cada palabra. En el piso viven ella y tres de sus cinco hijos: Raúl, de 11 años; Itziar, de 12, y Javier, de 24. "Todo con tal de que no nos dejen en la calle", repite.

Los problemas vienen ya de largo. En 1990, Nieves Gómez, de 49 años, y Javier Queipo, de 53, empezaron a tener dificultades para pagar los 60 euros de alquiler que pagaban entonces por el piso. El Ivima, que gestiona 23.000 pisos y 2.000 locales comerciales en la región, se querelló en 2002 contra el matrimonio por impago de 155 recibos. La deuda, a diciembre de 2007, era ya de 167 recibos. En esa fecha, un juzgado ordenó el desahucio, que tendría que haberse ejecutado ayer. Nadie recurrió la sentencia ni llamó al Ivima para buscar una solución.

Hasta el 11 de febrero, cuando Nieves corrió a pagar la deuda de 21.000 euros a la oficina de cobros del Instituto. Pero llegaba tarde: la sentencia de desahucio era firme. En ella, el juez menciona sólo a Javier Queipo, el único titular en el contrato de alquiler de la vivienda, al que declara en "rebeldía por no haber comparecido en forma con abogado y procurador" el día de la vista. El resultado es la rescisión del contrato con el Ivima. "No me enteré porque no estoy en el contrato", se lamenta Nieves. Según su versión, y el escrito que remitió al juez el pasado miércoles, su todavía marido le "escondió la orden de desahucio [del 3 de abril] por maldad".

"El Ivima tiene que cumplir la ley y aunque haya pagado la deuda, el contrato ya está rescindido", argumentaba ayer un portavoz de la Consejería de Vivienda. Aun así, el Ivima cedió. Con la casa de Nieves repleta de gente y minutos antes de echarla, optó por "volver a estudiar su caso, dado que no es una mujer conflictiva". Ningún portavoz explicó por qué se dilató la toma de la decisión y por qué no se comunicó siquiera a la comisión judicial, que desde las diez y media aguantaba en la calle las quejas e incluso los huevos que les lanzaban algunos vecinos. A las once, ante la ausencia de los miembros del Instituto de la Vivienda, la comisión se fue.

Tampoco le dijeron nada a Gómez sobre la situación legal en que quedaba su arrendamiento después del retraso del desahucio. El contrato sigue a nombre de su marido. Ambos viven bajo el mismo techo, a pesar de llevar cinco años separados. Dividen el espacio en dos: la casa de ella y la habitación de Javier, al final del pasillo. El territorio de Nieves está lleno de fotos de familia. Las puertas son azules y las paredes amarillas, con cuadros y retratos por doquier. En medio del comedor, de no más de siete metros, una televisión de plasma anima la mañana a los que están sentados en el sofá azul. Del padre, todo lo que queda está detrás de la puerta de su habitación. Desde la mañana del desahucio la familia no ha vuelto a tener noticia de él. Nieves Gómez le acusa de la situación en la que se encuentra: "Él nos ha metido en esto y ahora no da la cara".

De momento la familia se podrá quedar en su piso. Al menos hasta la próxima orden. Tienen unas semanas más para negociar con el Ivima. Aunque, según un portavoz del organismo, eso no significa que no les vayan a echar.