Más de 23.000 sentencias con pena de cárcel permanecen sin tramitar

Los juzgados de Valencia, Benidorm y Orihuela son los que concentran las 23.000 sentencias con pena de cárcel que no han iniciado su tramitación. En la ciudad de Valencia hay tres juzgados de ejecutorias. A ellos van a parar todas las sentencias que se dictan desde los juzgados de Violencia sobre la Mujer (tres), desde los de Instrucción (21), desde los de Lo Penal (12 de los 15 existentes, los otros tres son los especializados precisamente en ejecutorias) y desde las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia. El modelo es igual en todas las grandes capitales. Antes, cada juzgado se ocupaba de que las sentencias se hicieran efectivas.

La situación de los juzgados de Orihuela y Benidorm se acerca al caos

Asuntos que podrían resolverse en un mes se demoran hasta 12

El cambio estuvo en sintonía con el diseño de la nueva oficina judicial, aún pendiente de ponerse en marcha, y que contempla un servicio único para el trámite de hacer efectivo el cumplimiento de una pena. Pero el volumen de trabajo superó las previsiones marcadas en 2005. En Valencia, desde el principio (no entraron en funcionamiento todos a la vez), se observó la imposibilidad de sacar adelante el volumen de causas. Costó que la Consejería de Justicia aumentara los funcionarios (entre los tres suman 81, muy por encima de la media de entre diez y 14), y costó que se aprobaran desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desde el Ministerio de Justicia los refuerzos de jueces y fiscales que ahora tienen. Pero las causas son demasiadas.

En el caso de Benidorm y de Orihuela, llueve sobre mojado. La situación de los juzgados de esos partidos se acerca al caos porque la carga de trabajo en muy superior a la media y el número de oficinas judiciales penales muy escaso: dos en Benidorm y una en Orihuela. Ambos partidos judiciales registran miles de asuntos al año.

El resto de las ejecutorias pendientes ha iniciado su tramitación, pero como el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la Rúa, reconoce a través de su gabinete de comunicación, "los tiempos son muy largos". Hay asuntos que pudiendo resolverse en un mes, se demoran hasta nueve o 12.

- Los juzgados. La media de asuntos en los juzgados valencianos supera los 3.000 asuntos de entrada, nuevos, al año. A esos se suma la ejecución de las sentencias, civiles y penales, que se impongan. En ellos, no existen equipos específicos para dedicarse a la ejecución, salvo en los tres de Valencia, que cuentan cada uno con dos jueces y dos secretarios. Pero los trámites de ejecución son especialmente complejos: localizar a la persona, instar una búsqueda si no se le encuentra; liquidar con el interesado la pena (no siempre es prisión, puede ser de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que requiere la búsqueda del servicio más adecuado...).

- Ausencia de detalle. El TSJ reconoció ayer que el sistema por el que recoge la información de la actividad de cada juzgado no le permite saber el detalle de las ejecutorias pendientes. Por tanto, no se sabe cuáles corresponden a violencia sobre la mujer, a tráfico, a condenados que puedan estar libres cuando además están requeridos por otro juzgado español, a penados por delitos muy graves.

- Consecuencias. La primera consecuencia del enorme atasco en la ejecución de las sentencias es que el autor de una falta o delito, que ha sido juzgado y al que de forma ya definitiva se le impone un castigo, está viviendo como si eso no ocurriera. Nada altera su cotidianeidad hasta que el juez abre un expediente para que cumpla la pena impuesta, se le localiza y comunica. Pero, además, el cumplimiento de las penas prescribe. Nadie puede estar esperando eternamente una vez se ha celebrado juicio. En términos generales, las condenas por faltas y por delitos leves prescriben al año; las menos graves, a los cinco; y las graves, a los diez. De hecho, penas por delitos contra la seguridad del tráfico han prescrito en la ciudad de Valencia por el atasco en los juzgados de ejecutorias.

- El TSJ. Juan Luis de la Rúa pide cada año en la memoria más juzgados como forma para afrontar con más garantía de eficacia la carga de trabajo. Para este año, pide 60. La situación de colapso que ahora ha estallado, la viene denunciando desde 2006. El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, defendió ayer el ritmo de creación de oficinas judiciales: 22 previstas para este año.

- El Gobierno. Tiene competencias en la creación de los juzgados. Bernabé invitó ayer a la Consejería de Justicia a que dotara a los juzgados de medios materiales y humanos para agilizar las causas pendientes, y le recriminó que no cumpliera con sus competencias. El consejero de Justicia, Fernando de Rosa, negó la mayor y dijo que no vale de nada poner más funcionarios si no hay más jueces.

- Consejería de Justicia. Culpó ayer de todos los males al Gobierno de Zapatero, al que reprochó la política de "discriminación" frente a otras comunidades durante los últimos cuatro años y le exigió más juzgados.