Sanidad privatizó en secreto dos grandes ambulatorios en 2006

La Consejería de Sanidad y la multinacional Capio pactaron en secreto en diciembre de 2006 un acuerdo, en forma de concierto sanitario, que supone la mayor privatización en la gestión de la sanidad pública de la historia de la Comunidad de Madrid.

La Fundación Jiménez Díaz se hace con el control de 13 barrios

El trato se justifica por la construcción del hospital de Puerta de Hierro

El acuerdo asegura a la empresa las pruebas diagnósticas de la zona asignada

El centro de Pontones ya ha comenzado a ser privatizado

El pacto, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que Sanidad nunca ha hecho público, tiene 10 años de vigencia, aún no ha entrado en vigor en todas sus cláusulas y transfiere a Capio, propiedad del fondo de capital riesgo norteamericano Apax Partners, la atención hospitalaria de más de 400.000 habitantes de la capital en la Fundación Jiménez Díaz. Hasta la firma del nuevo concierto, este centro privado atendía una población de unas 200.000 personas en apoyo de dos grandes hospitales públicos: el Clínico y el 12 de Octubre.

El nuevo concierto también permite a Capio hacerse cargo de dos grandes ambulatorios de la capital, Pontones y Quintana, y asumir las pruebas diagnósticas -análisis de sangre, radiografías...- que Sanidad viene realizando con recursos públicos.

Manuel Lamela, entonces titular de Sanidad, ocultó la información en todos los frentes. No publicó el concierto con la Fundación Jiménez Díaz en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), como sí había hecho tres años antes con el anterior acuerdo. Tampoco explicó el alcance del pacto en la Asamblea de Madrid y ni siquiera informó del asunto al Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El Gobierno regional de Esperanza Aguirre también omitió el caso tras la renión del Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2006, que validó el acuerdo.

El único avance de información lo dio Aguirre en junio de 2006 al presentar la nueva zonificación sanitaria. Ésta preveía ampliar la población atendida por la Fundación Jiménez Díaz hasta 400.000 personas. Pero Sanidad no ha vuelto a hablar de la nueva zonificación, que no ha entrado en vigor, ni ha informado de que las nuevas cesiones a Capio eran ya un hecho consumado.El impacto económico del nuevo concierto de la Fundación Jiménez Díaz ha permitido a Capio aumentar notablemente los ingresos procedentes de los presupuestos públicos. Si en 2006 el concierto con Sanidad le reportó 140,2 millones de euros, este año la cifra asciende a 195,8, un 39,7% más. En el mismo periodo, el presupuesto de un hospital público como el de Alcorcón, de tamaño similar, ha crecido un 14,8%, de 108,6 millones de euros en 2006 a 124,2 en este año.

El concierto es un documento de 13 páginas firmado por dos directivos de la empresa y la ex directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Pérez. En su primera parte, justifica la necesidad de ampliar la población atendida por Capio por "la construcción del nuevo hospital Puerta de Hierro", en la localidad de Majadahonda. Según el acuerdo firmado, la nueva ubicación del hospital, alejada del centro de la capital, "empeora la accesibilidad" de los pacientes.

A partir de este punto, el concierto dibuja un nuevo mapa en el que la Fundación Jiménez Díaz se hace con el control sanitario de los barrios de Aravaca, Moncloa, Argüelles, El Pardo, Cortes, Justicia, Universidad, Palacio, Embajadores, Andrés Mellado, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. La población de estos barrios "se estima en 402.000 tarjetas sanitarias".

La empresa Capio se asegura así los ingresos económicos procedentes de la "asistencia de carácter urgente" en el hospital de toda esta población. Asimismo, y "para garantizar que la atención especializada prestada por la Fundación Jiménez Díaz a la población sea integral y continua, la Fundación Jiménez Díaz se compromete a asumir la asistencia sanitaria de los centros de especialidades periféricos correspondientes, durante el año 2007 de Quintana y el año 2008 de Pontones".

Por último, el acuerdo asegura a la empresa Capio las pruebas "diagnósticas de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopia que demanden los profesionales de atención primaria de las Zonas Básicas de Salud [los barrios] asignadas".

Los dos últimos puntos suponen una transferencia importante hacia la empresa, ya que hasta la fecha estas pruebas venían haciéndose por los recursos públicos de los centros de especialidades de Quintana y Pontones. El primero, pese a la fecha fijada en el concierto, aún no se ha privatizado. La Consejería de Sanidad sí ha empezado este proceso en el de Pontones en las últimas semanas, lo que ha provocado concentraciones de sus 200 trabajadores.

José Povedano, delegado del sindicato UGT, mostró ayer su "estupor por la agenda oculta de Sanidad". "Hace dos semanas, y sin apenas recibir información, los trabajadores de Pontones han visto cómo Capio empezaba a invadir sus instalaciones. Ahora sabemos que todo está firmado y acordado desde el año 2006, escondiendo la verdad a trabajadores y ciudadanos", denunció. Povedano calcula que serán "decenas de miles las pruebas diagnósticas que hasta ahora se hacían en este centro público y que a partir de ahora engrosarán las cuentas de Capio".

Lucas Fernández, diputado del PSOE y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid durante la anterior legislatura, calificó de "enorme estafa a la ciudadanía" el nuevo concierto y se quejó de que "Esperanza Aguirre ni siquiera haya tenido agallas de defender en la Asamblea lo que firma su Gobierno". La concejal del PSOE Carmen Sánchez Carazo también se mostró "escandalizada" por el acuerdo. "La salud de decenas de miles de ciudadanos ha sido puesta en el mercado sin que los afectados lo supieran".

Un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ahora dirige Juan José Güemes, declinó ofrecer su versión sobre la firma del acuerdo, que atribuyó al anterior consejero, Manuel Lamela. Este portavoz, sin embargo, no ofreció detalles sobre las futuras privatizaciones que el concierto contempla en el ambulatorio de Quintana. Sobre el de Pontones, señaló que será "cogestionado entre la consejería y Capio".