El Gobierno se pliega a la normativa estatal y cambia la Ley de la Escuela Pública

El Gobierno aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley que modificará a su vez la Ley de la Escuela Pública vasca y terminará con la aplicación en Euskadi de un procedimiento discordante con el establecido en 2006 por la Ley Orgánica de Educación (LOE) para la elección de directores de centros escolares.

El Ejecutivo cerrará así, cuando el proyecto quede aprobado en el Parlamento, un contencioso abierto con la Administración central que le ha costado varios reveses judiciales. El Gobierno estatal recurrió las órdenes y decretos autonómicos que vienen rigiendo estos nombramientos, efectuados al margen de las normas establecidas por la LOE, y el Tribunal Superior vasco los suspendió. Esta actuación no ha llegado a tener efectos prácticos en los centros escolares porque el Superior no ha ordenado la ejecución de las sentencias, pero podría hacerlo en cualquier momento.

El Gobierno indicó ayer, al dar a conocer su decisión, que actúa "por un mero ejercicio de la responsabilidad institucional y para evitar la sensación de inestabilidad e incertidumbre en los equipos directivos", provocada a su entender, por los recursos del Gobierno central contra la diferente regulación que se viene aplicando.

Esta cuestión evidenciaría, según señaló la portavoz, Miren Azkarate, "que se necesitan mecanismos de protección" para las normas autonómicas frente a las del Estado. Azkarate citó, como referencia de esos mecanismos, los que se contenían en el plan Ibarretxe, que el Parlamento aprobó en diciembre de 2004 y el Congreso rechazó en febrero de 2005.

La reconducción de esta situación irregular a través de la modificación de la ley autonómica de Escuela Pública es el fruto de las consultas efectuadas por el ejecutivo con las organizaciones sindicales de la enseñanza, las asociaciones de directores y directoras y las de padres y madres de centros públicos.

La LOE estableció que la designación de los directores de los centros públicos se realizara por medio de un concurso de méritos, que debe dirimir una comisión mixta formada por representantes de las consejerías autonómicas y de cada centro. Frente a este sistema, el Departamento de Educación, invocando la Ley de la Escuela Pública Vasca, ha mantenido la elección del director únicamente por el consejo escolar del centro, el órgano de representación en el que tienen cabida padres, profesorado y alumnado.

La redacción de la ley vasca será ahora prácticamente idéntica a la de la LOE y el sistema de selección de directores se basará en los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. El ejercicio del cargo será retribuido la forma diferenciada y quienes lo hayan ejercido con valoración positiva mantendrán durante su vida profesional activa una parte de ese complemento retributivo. También se tendrá en cuenta de modo especial en el acceso a la Inspección de Educación.

Los directores podrán impulsar evaluaciones internas, aumentan su autoridad ante conflictos y medidas disciplinarias, ejercerán la jefatura de todo el personal y tendrán la consideración de líderes pedagógicos, una función ahora colegiada.