"Es mucho más costoso ejecutar a alguien que mantenerlo en la cárcel"

Su labor es informar a los ciudadanos estadounidenses. No pretende convencer. No quiere enarbolar banderas a favor o en contra, aunque tiene su propia opinión, que guarda para él. No vive su activismo como una causa. Y, sin embargo, lleva casi dos décadas comprometido a fondo con uno de los asuntos más espinosos que todavía definen a Estados Unidos: la pena de muerte. Al frente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en sus siglas en inglés), Richard Dieter ejerce un trabajo incansable, a veces frustrante, otras gratificante, pero siempre constante.

Llega puntual como un reloj suizo. Encantador y galán como una antigua estrella de cine, estrecha la mano y cede el paso. Pero en cuanto se enciende la grabadora entra en materia. "Se acabó". Lo que se acabó la pasada semana fue la moratoria de facto que existía sobre la pena de muerte desde el pasado 25 de septiembre. Ese día, el Supremo de Estados Unidos anunció que vería en este curso judicial el recurso de inconstitucionalidad de dos condenados de Kentucky que consideraban que el cóctel mortal de drogas inyectado para acabar con sus vidas violaba la octava enmienda de la Constitución: no se aplicarán castigos crueles o inusuales.

Demasiado bueno para ser cierto. Dieter ya había advertido a los que se entusiasmaron: "El Supremo no decidía sobre la legalidad de la pena de muerte, sino sobre el método actual más común en EE UU para aplicarla. Y lo más probable era que pasara lo que ha pasado". Se lamenta este jurista de 62 años que los integrantes del máximo tribunal rechazaran por gran mayoría (siete contra dos) el argumento de que las inyecciones letales infligen un sufrimiento y un dolor innecesarios al condenado que van en contra del rechazo constitucional a la crueldad. "Después de que una de las dosis de barbitúricos paraliza al condenado es muy difícil probar si siente dolor o no..."

¿No estábamos, entonces, ante el fin en EE UU de una práctica abolida en el resto del mundo civilizado? "Me temo que no, ni siquiera ese fin parece cercano", explica con dotes de académico. Pero, inasequible al desaliento, Dieter dice: "A pesar del resultado del Supremo, se abre ahora una etapa de entre uno y dos años en que la aplicación de la pena de muerte se va a someter a un escrutinio y va a sufrir algunos cambios. No olvidemos que algunos de los jueces sí que han calificado la inyección de cruel".

Acabada la moratoria, Dieter desgrana las vergonzantes cifras. Desde que la pena capital se reinstauró en 1976, 1.099 personas han sufrido este "homicidio legal". Y 127 han sido liberadas del corredor de la muerte después de que se descubriera su inocencia. Esa última es la cifra que preocupa al público. "La de los inocentes", dice. La cifra que junto a las pruebas de ADN puede hacer tambalear tan cruel castigo. "Ningún político a favor de la pena de muerte va a defender jamás algo así como 'vale, matamos a inocentes, ¿y qué?", pone como ejemplo.

No se trata de un problema moral. De si está bien o mal. No viene definido por la religión o por el partido político. Sencillamente el miedo al error puede quebrar el sistema. Eso y algo mucho más práctico e inmediato. "La pena de muerte es cara, muy cara. Ésa es nuestra labor: informar de que es mucho más costoso ejecutar a alguien que mantenerlo en la cárcel de por vida". Pero la mayoría de los contribuyentes cree que es más barato ejecutar que dar de comer a alguien hasta que se pudra en la cárcel. "Y están en un gravísimo error", concluye.