La peor argucia

Nadie puede cuestionar que hoy el titular de la Generalitat, Francisco Camps, es una figura política con dimensión estatal, a lo que han contribuido dos hechos principales: en primer lugar, la preeminencia electoral de su partido desde 1995, que él mismo ha acrecentado y con lo cual se ha investido de un poderío tan sólido como decisivo en el seno de su partido. Y de otro lado, la insólita aptitud -y descaro- que ha revelado para agitar el victimismo mediante la bronca permanente por supuestos desaires, discriminaciones o incumplimientos de los Gobiernos centrales socialistas. Ejemplos de ello son la batalla demagógica por el agua que nunca ha faltado, o por las infraestructuras que el mismo Consell no resuelve en lo que le concierne, o el sempiterno lloriqueo (José María Aznar dixit) por la financiación cuando más abundantes son los recursos transferidos.

Ese es sumariamente el trazo grueso de su política que tan buenos resultados le ha propiciado en las urnas y tan tibia e inoperante respuesta ha provocado en la oposición, cautiva de su propio enervamiento y problemas internos, pero también desarmada mediáticamente para cuestionar y sacudir aquellas parcelas que la administración oculta o manipula. En tal aspecto hemos llegado en este país valenciano a unos extremos en los que la apatía social debido a la opacidad de los asuntos públicos y la indiferencia que de ello se decanta se solapa con el incivismo. Da la impresión de que la inmensa mayoría del vecindario se da por complacida con el presunto glamour de unas regatas que han sido flor de un día, el estrépito de unos bólidos u otros fastos semejantes con los que se arguye que sitúan Valencia en el mapa.

Repetimos: tal es la práctica política conservadora, legitimada por los votos y eso resulta inobjetable. Pero éstos no pueden ser una franquía para demorarse en falacias con graves consecuencias sobre segmentos de población que, a mayor abundamiento, son los más desfavorecidos. Nos referimos al boicot (uno más) que el Consell viene aplicando a la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de 2007, sumariamente conocida como ley de dependencia. Del mismo título de la norma se colige que sus beneficiarios son personas discapacitadas con distintos grados de severidad, incluidos los enfermos mentales. Esta ley establece ayudas económicas para que los dependientes puedan ser atendidos por familiares o terceras personas. ¿Por qué no se aplica en esta comunidad, o se aplica con tanta parsimonia y trabas que supone una vulneración?

Al decir del diputado socialista Antonio Torres hay 61.000 ciudadanos valencianos que han instado las ayudas y que esperan una respuesta. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ya ha apremiado a la Consejería de Bienestar Social por las demoras en la tramitación de instancias. Asombra que el responsable de este departamento, Juan Cotino, de tan pía sensibilidad, haya de ser señalado con el dedo por esas dilaciones, que en realidad responden a un propósito flagrante de frustrar el fin social de la ley. Abona este juicio el hecho de que el Consell haya pretendido asimilar el silencio administrativo a la denegación, vulnerando lo establecido por la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de 1992, que dictamina lo contrario. No es menos significativa la dificultad con que tropiezan las personas dependientes para que se valore su grado de discapacidad, pues únicamente se cuenta con menos de 40 expertos cuando los fijados en función de la población son 140.

¿Cómo habría que interpretar esta actitud del ejecutivo autonómico? ¿Acaso le tiene ojeriza a este colectivo de personas con discapacidad? No es eso, obviamente. Más cierto parece que, al margen de hostigar por inercia a Rodríguez Zapatero, el Consell no tiene un céntimo para financiar la parte que le incumbe de esta prestación social que en su mayor parte corre a cargo del Gobierno central. Sus opciones han sido otras y en ellas se ha empeñado hasta las cejas. Tan es así que hoy le echaría mano al platillo de un ciego mendicante, del mismo modo que se ha apropiado de los millones de euros -2l en 2007 y 80 en lo que llevamos de 2008- que ha recibido para subvenir la ley. Suerte tendrá el PP de que los aludidos damnificados no pidan en la calle lo que el molt honorable les niega con argucias desde los despachos.