El Ayuntamiento de Granada pagará 18 millones por una expropiación ilegal

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la expropiación de unos terrenos en el Campus de la Salud por parte del Ayuntamiento de Granada, llevada a cabo en 1998 cuando era alcalde Gabriel Díaz-Berbel (PP), fue ilegal. Este fallo firme supondrá, una década después, que el consistorio deberá abonar ahora 18 millones de euros o devolver los terrenos expropiados.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que consideró en 2007 ilegal la expropiación, y no ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento. El auto obliga al consistorio a pagar los costos del prolongado proceso y a negociar una cantidad, que en última estancia fijará un juez, pero que ha sido calculada en 18 millones como compensación por haber cambiado el Ayuntamiento el uso de los terrenos, de rústicos a urbanos.

Los hechos se produjeron en 1998 tras la aprobación del pleno municipal para delimitar los terrenos que se iban a expropiar para construir el Campus de la Salud. Tras solventarse todos los trámites, los dueños del suelo vieron cómo en sus terrenos, además de erigirse parte del campus, se construían viviendas, pese a que el Ayuntamiento no fijó el pago de su suelo como residencial, sino como rústico. La sentencia del alto tribunal andaluz valoraba que permitir la expropiación supondría "un uso libérrimo y excesivo de una posibilidad (expropiar) que tiene una justificación legal muy clara y precisa".

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), confirmó ayer que negociará con los propietarios de los terrenos para ver "cómo y en qué plazo" afronta el consistorio las expropiaciones. A pesar de afirmar que la disposición de ambas partes es "buena", el regidor reconoció que el pago supondrá "un quebranto" para las arcas municipales, y no descartó la devolución de los terrenos. "Es la parte que tenemos que negociar", señaló.

Mientras, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Torres Vela, estimó que la sentencia supone "el fracaso absoluto" de la manera de gestionar el urbanismo del PP. "El PP es el responsable de utilizar el urbanismo como principal fuente de ingresos municipal a cuenta del patrimonio del suelo", criticó.