El Gobierno Zapatero

Del Gobierno en funciones, que hemos tenido tras la celebración de las elecciones legislativas del pasado 9 de marzo, hemos pasado al nuevo Gobierno nombrado por el Rey a propuesta de su presidente, según establece el artículo 100 de la Constitución. La formación del Gabinete figura como competencia exclusiva del presidente, a quien corresponde nombrar y separar a los miembros del mismo, así como proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Otra cosa distinta es cuál haya de ser el procedimiento para llegar a esas designaciones. Asombra con cuanta minuciosidad se busca la idoneidad, la competencia, la preparación de quienes han de ocupar puestos muy inferiores en el organigrama y la forma desahogada en que se decide sobre los titulares de los Departamentos, como si el único objetivo a preservar fuera el factor sorpresa del cuaderno azul o de sus sucedáneos.

El factor decisivo ha sido el del afecto o desafecto del presidente, el de merecer su confianza

Los Gobiernos de coalición deben pactarse entre las fuerzas políticas que los integran, los Gobiernos en minoría requieren acuerdos previos sobre los programas que serán respaldados y los Ejecutivos monocolores precisan de algún contraste dentro del partido que lo sustenta.

Ninguna de esas condiciones ha sido necesaria en el caso presente porque José Luis Rodríguez Zapatero carece de interlocutores relevantes en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. La confección de la lista no ha tenido más pautas externas que las establecidas por el propio presidente respecto a la paridad de hombres y mujeres y a la denominación de origen territorial, en concordancia con el carácter autonómico del Estado. Una condición que se aplica tanto de manera retrospectiva como en la definición del futuro. Por eso, Velázquez o Goya han pasado a ser pintores de Andalucía o de Aragón y Juan Sebastián de Elcano un marino de Euskadi. Por eso, también, los nuevos ministros llevan adherida en lugar visible la etiqueta de sus autonomías de procedencia.

Estas directrices pueden llegar a ramificarse porque ya se ha escuchado el comentario de "muchas ministras, pero ninguna gorda", lo que presagia una reclamación para mejor representación en el Consejo de las obesas, o de los minusválidos o de los extraterritoriales, de los menores de 30 años, de los de la tercera edad, de los homosexuales, o de los de religión protestante, judía o mahometana.

El factor decisivo, en el caso presente, ha sido el del afecto o desafecto del presidente, el de merecer su confianza, cuestión muy difícil de ser analizada. Por eso, quienes pensaban estar en la carrera han visto defraudadas sus expectativas. Ha dejado de ser válido el cursus honórum de otras épocas, cuando los ministros se designaban entre los subsecretarios o secretarios de Estado o presidentes de comunidades autónomas, lo mismo que los generales eran seleccionados entre los coroneles. Ahora, la sala de espera puede ser cualquier otro sitio, si allí se ha fijado la atención presidencial.

La experiencia puede ser descalificadora. Conocer las materias de un departamento, estar familiarizado con los procedimientos administrativos, haber bregado en la política y demostrado capacidad no es condición necesaria para obtener avances en la escala y sumar posibilidades de merecer un ministerio, dicho sea sin desdoro alguno para quienes han sido designados. Tampoco lo es la referencia al momento fundacional de Nueva Vía, aquel pequeño y activo grupo que impulsó la candidatura de Zapatero a la Secretaría General del PSOE en el 35 Congreso.

Así que, una vez más, aquí se cumple también aquello de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bajo este prisma deben analizarse además de las incorporaciones, las separaciones y las continuidades. Los descartes de Jesús Caldera y de Cristina Narbona, llenos de elogios póstumos, traen causa de desavenencias pendientes de esclarecerse. Las persistencias de María Teresa Fernández de la Vega y de Pedro Solbes como vicepresidentes derivan de necesidades previas a las elecciones. La de Alfredo Pérez Rubalcaba se explica por exigencias del guión y las de algunos de los restantes se asegura que tienen fecha de caducidad conforme lo aconsejen las convocatorias de los comicios europeos, vascos, catalanes, gallegos o municipales.

La creación de dos nuevos departamentos, el de Innovación y el de Igualdad, pronostica esfuerzos titánicos para desgarrar las competencias anidadas en otros que llevarán años antes de que afloren resultados visibles. Y la entrega de las competencias de energía al ministerio que encabezará Miguel Sebastián, a quien se atribuye un papel activo como promotor de la fallida OPA de Gas Natural sobre Endesa, parece una piedra en el zapato del vicepresidente Pedro Solbes. En tiempos de turbulencia se espera que todos remen al unísono. Nos va mucho en ello. Veremos.