La Fiscalía investigará si la Policía Local falsificó denuncias en Córdoba

El Ayuntamiento cordobés trasladará hoy a la Fiscalía la investigación que encargó sobre los policías locales que construyeron ilegalmente en la zona de Torreblanca una urbanización clandestina situada a las afueras de la ciudad. La secretaria municipal, que ha sido la que ha elaborado el informe, aprecia "indicios de delito" en la actuación de algunos agentes, por lo que ha optado por remitirlo a la Justicia. En concreto, lo que supuestamente se ha descubierto es que ha habido una "manipulación o alteración" de las actas de denuncia que se levantaron contra dos de las casas ilegales propiedad de agentes municipales. Según indicaron fuentes del caso, entre esas supuestas falsificaciones está la alteración en las fechas en las que se impusieron las denuncias.

Cinco policías de la unidad medioambiental, que tiene entre sus cometidos el control de la proliferación de casas ilegales, han sido ya expedientados. Sin embargo, esos expedientes permanecerán en suspenso mientras la Fiscalía investiga, según señaló ayer Rosa Aguilar (IU), alcaldesa de Córdoba, quien manifestó su intención de "llegar hasta el final" en este asunto.

Lo que sí ha hecho ya el Ayuntamiento ha sido trasladar de unidad a los cinco agentes expedientados. Entre los implicados, se encuentra el propio intendente de Disciplina Urbanística, es decir, el jefe de esa unidad. El resto son un matrimonio de agentes que construyó ilegalmente y la patrulla que firmó las denuncias.

Además, el Consistorio ha decidido relevar al jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, mientras dura la investigación, ya que él mismo lo ha solicitado para no interferir en la actuación que llevará a cabo el Ministerio Público.

Este caso arranca en 1997, cuando cinco agentes de la Policía Local, entre los que se encuentran el matrimonio expedientado y un agente que actualmente es escolta de la alcaldesa, compraron un terreno en Torreblanca, una zona catalogada en el PGOU como "urbanizable proyectado" pero en la que no se puede construir de momento. Dividieron en cuatro el solar y comenzaron a edificar. En dos de los casos, las sanciones urbanísticas parece que siguieron su curso normal sin problemas. Pero en los otros dos, los que afectan al matrimonio y al escolta, es donde se han encontrado los indicios de delito. Esas construcciones ilegales fueron denunciadas ante la Guardia Civil a través de un anónimo en julio de 2007.

Presión

Cuando en enero de este año el asunto de los chalés de los policías saltó a los medios de comunicación, la Gerencia de Urbanismo no había recibido de la Policía Local ningún expediente contra el matrimonio y el escolta. La presión fue subiendo hasta que aparecieron dos actas de denuncia de la Policía Local fechadas en el encabezado el 26 de septiembre de 2007. La data es uno de los aspectos que precisamente se cree que se han falsificado, algo que tendrá que determinar finalmente la Justicia.

Aguilar resaltó ayer que, independientemente de que pueda o no existir un delito, a los agentes se les ha sancionado como al resto de ciudadanos. Fue en febrero cuando se anunció que se les había impuesto una multa del 110% del valor de lo construido. Lo que aparentemente ha fallado no ha sido el trámite administrativo de sanción, que finalmente se ha culminado con normalidad. El problema reside en que supuestamente los agentes municipales expedientados alteraron datos de las denuncias contra sus compañeros.