Un informe confirma que los terrenos para la depuradora de Vigo eran públicos

El Ayuntamiento de Vigo reclamará de inmediato a la Dirección General de Costas el régimen de concesión sobre los terrenos de dominio público que actualmente ocupa la depuradora del Lagares y por los que pagó 772 millones de pesetas, que la población aún sigue costeando en el recibo del agua. La reclamación de la concesión sobre esos terrenos será el primer efecto de un informe de rango encargado por el alcalde, Abel Caballero, a raíz de las informaciones publicadas en este periódico sobre la extraña gestión municipal de dichos terrenos y la "desaparición" de más de la mitad de los teóricamente adquiridos. El informe fue entregado el viernes al regidor, que promete llevar a término sus implicaciones jurídicas sin entrar por el momento en otros contenidos no menos espinosos.

Los vecinos de la ciudad aún pagan la factura a través de recibo del agua

El "largo y sinuoso camino" de la xunqueira del Lagares, donde se decidió construir la depuradora, en el extremo meridional de la playa de Samil, está jalonado por remotas transmisiones nobiliarias, un vecindario que aprovechaba los juncos de la marisma para hacer abono en las cuadras, la urgencia de ocupar los terrenos para sanear Vigo con una depuradora y unas cuentas que no cuadran. El ayuntamiento, según las fuentes consultadas por este periódico, libró 772 millones de pesetas para pagar unos terrenos que, públicos o privados, deberían medir unos 135.000 metros cuadrados. Pero la depuradora sólo ocupa 59.600 metros y la parcela, a día de hoy, ni siquiera está agrupada. Caballero pedirá a Costas que se la otorgue en concesión.

En 1991 el pleno municipal confirmó un convenio suscrito con una comisión vecinal de Coruxo por el que se expropiaban 61.440 metros de la xunqueira a 76 particulares al justiprecio de 3.000 pesetas metro. Al año siguiente el gobierno local suspendió el pago por existir indicios de que los terrenos expropiados pertenecían al dominio público de Costas según un deslinde realizado en 1975. Los vecinos litigaron contra esa suspensión hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón, en 1999. La sentencia prioriza la eficacia jurídica del convenio expropiatorio sobre la del deslinde, ya que no constaba que "los afectados por éste hubiesen efectuado las acciones pertinentes en defensa de sus derechos". Esto es, se había hecho el deslinde y se dejó estar, sin más. El convenio, sin embargo, reunía requisitos suficientes para obligar el pago.

Pero la urgencia de ocupar los terrenos para ponerlos a disposición de Augas de Galicia y construir la depuradora era incompatible con esperar por el fallo judicial. En 1993 el pleno municipal encargó a Seragua, hoy Aqualia, concesionaria del servicio de aguas, la compra de suelo a 6.000 pesetas el metro. La concesionaria compró 28.288 metros, por los que facturó al Ayuntamiento 181 millones de pesetas. Además, para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, financió el pago del convenio, otros 184 millones, cargando el total en una cuota sobre el recibo mensual del agua que el vecindario vigués saldará en 2015.

Se pagaron, por tanto, 89.728 metros: ¿dónde están los 30.128 que le faltan a la parcela de la depuradora? El secretario del Ayuntamiento y el jefe de su asesoría jurídica han analizado en las últimas semanas el expediente, ocho carpetas con miles de documentos, y su informe, del que por el momento sólo tiene copia el alcalde, constata que Seragua no hizo aún transmisión al Ayuntamiento de las compras que realizó en su nombre y, por otra parte, que de los 76 afectados por el convenio expropiatorio, sólo en un caso se acredita de modo fehaciente la propiedad de los terrenos expropiados.