Un informe confirma que los terrenos para la depuradora de Vigo eran públicos

El ayuntamiento pagó 772 millones de pesetas y ahora reclamará a Costas

El Ayuntamiento de Vigo reclamará de inmediato a la Dirección General de Costas el régimen de concesión sobre los terrenos de dominio público que actualmente ocupa la depuradora del Lagares y por los que pagó 772 millones de pesetas, que la población aún sigue costeando en el recibo del agua. La reclamación de la concesión sobre esos terrenos será el primer efecto de un informe de rango encargado por el alcalde, Abel Caballero, a raíz de las informaciones publicadas en este periódico sobre la extraña gestión municipal de dichos terrenos y la "desaparición" de más de la mitad de los teóricamente adquiridos. El informe fue entregado el viernes al regidor, que promete llevar a término sus implicaciones jurídicas sin entrar por el momento en otros contenidos no menos espinosos.

Los vecinos de la ciudad aún pagan la factura a través de recibo del agua

El "largo y sinuoso camino" de la xunqueira del Lagares, donde se decidió construir la depuradora, en el extremo meridional de la playa de Samil, está jalonado por remotas transmisiones nobiliarias, un vecindario que aprovechaba los juncos de la marisma para hacer abono en las cuadras, la urgencia de ocupar los terrenos para sanear Vigo con una depuradora y unas cuentas que no cuadran. El ayuntamiento, según las fuentes consultadas por este periódico, libró 772 millones de pesetas para pagar unos terrenos que, públicos o privados, deberían medir unos 135.000 metros cuadrados. Pero la depuradora sólo ocupa 59.600 metros y la parcela, a día de hoy, ni siquiera está agrupada. Caballero pedirá a Costas que se la otorgue en concesión.

En 1991 el pleno municipal confirmó un convenio suscrito con una comisión vecinal de Coruxo por el que se expropiaban 61.440 metros de la xunqueira a 76 particulares al justiprecio de 3.000 pesetas metro. Al año siguiente el gobierno local suspendió el pago por existir indicios de que los terrenos expropiados pertenecían al dominio público de Costas según un deslinde realizado en 1975. Los vecinos litigaron contra esa suspensión hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón, en 1999. La sentencia prioriza la eficacia jurídica del convenio expropiatorio sobre la del deslinde, ya que no constaba que "los afectados por éste hubiesen efectuado las acciones pertinentes en defensa de sus derechos". Esto es, se había hecho el deslinde y se dejó estar, sin más. El convenio, sin embargo, reunía requisitos suficientes para obligar el pago.

Pero la urgencia de ocupar los terrenos para ponerlos a disposición de Augas de Galicia y construir la depuradora era incompatible con esperar por el fallo judicial. En 1993 el pleno municipal encargó a Seragua, hoy Aqualia, concesionaria del servicio de aguas, la compra de suelo a 6.000 pesetas el metro. La concesionaria compró 28.288 metros, por los que facturó al Ayuntamiento 181 millones de pesetas. Además, para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, financió el pago del convenio, otros 184 millones, cargando el total en una cuota sobre el recibo mensual del agua que el vecindario vigués saldará en 2015.

Se pagaron, por tanto, 89.728 metros: ¿dónde están los 30.128 que le faltan a la parcela de la depuradora? El secretario del Ayuntamiento y el jefe de su asesoría jurídica han analizado en las últimas semanas el expediente, ocho carpetas con miles de documentos, y su informe, del que por el momento sólo tiene copia el alcalde, constata que Seragua no hizo aún transmisión al Ayuntamiento de las compras que realizó en su nombre y, por otra parte, que de los 76 afectados por el convenio expropiatorio, sólo en un caso se acredita de modo fehaciente la propiedad de los terrenos expropiados.

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Suelo y millones "desaparecidos"

Una de las causas angulares del pésimo funcionamiento de la depuradora del Lagares, inaugurada en 1997 y, una segunda fase, en 2001, apunta a las limitaciones del espacio en que fue construida. El singular proceso a cuyo amparo se consuman las irregularidades administrativas atraviesa los mandatos de tres alcaldes: Carlos González Príncipe (PSOE), Manuel Pérez (PP) y Lois Pérez Castrillo (BNG). Nadie denunció que faltaran terrenos, y tampoco Augas de Galicia, dependiente de la Xunta (PP) y responsable del proyecto y ejecución de la planta, pese a tropezar con ese inconveniente.

Ahora está previsto construir en el mismo solar una nueva depuradora que sustituya a la actual, pero de la que el Ministerio de Medio Ambiente, responsable del proyecto (y del que depende la Dirección General de Costas, titular del dominio público de la xunqueira del Lagares) sólo ha informado de su coste: de 180 a 200 millones de euros. Este presupuesto incluye la construcción de un paseo de madera sobre la xunqueira, cuyo proyecto, este sí, filtró Costas la semana pasada a la prensa local como gran iniciativa urbanística. En realidad data, como el de la depuradora, de 1989. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en tanto que viguesa, tendrá que acelerar ambos.

Es probable, en todo caso, que la nueva planta precise ampliar el solar que ocupa la actual. Por norma, tendría que crearse además una zona de exclusión de viviendas en un radio de 500 metros. Ahora hay media docena de casas adosadas al perímetro de la planta. El anterior gobierno local (PP), sin hacer estricto el citado radio de exclusión, preveía la erradicación de 23 viviendas por un coste de 8,5 millones de euros. Pero esa es una medida difícil de llevar a cabo: el vecindario ha estado siempre en guerra con la actual depuradora, por sus malos olores, y se opone frontalmente a su renovación.

Cabe esperar, con todo y para despejar el futuro, que el informe municipal que el viernes recibió el alcalde aclare el destino del total de 772 millones librados por el Ayuntamiento para costear los terrenos y si existen indicios delictivos en su gestión. La adición del suelo adquirido por convenio y el comprado por Seragua induce que un tercio de las adquisiciones ha desaparecido de la superficie que ocupa la depuradora en las previsiones del nuevo plan general de urbanismo.

Y un misterio análogo pesa sobre el destino y uso de 271 millones de pesetas que el pleno municipal aprobó en 1993 para comprar terrenos, al margen del convenio y de Seragua, a 6.000 pesetas el metro cuadrado. Deberían haber pagado unos 45.000 metros cuadrados a mayores, que tampoco están.

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