"Un estudiante mediocre y acomodado debe pagar todo el coste de la universidad"
Ramon Folch, doctor en Biología, ha dirigido los servicios ambientales de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat. Preside el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Pregunta. ¿Tienen suficientes recursos las universidades?
Respuesta. No, lo que no quiere decir que no haya una insuficiente aportación de la Administración. Me explico. Ahora las universidades confían en un porcentaje elevadísimo en la Administración para financiarse. Entre el 60% y el 70% de sus recursos son públicos. El resto de los ingresos es demasiado modesto y viene de la venta de servicios, las matrículas o la investigación.
P. ¿Qué habría que hacer?
R. Hay quien defiende que las universidades deben aumentar sus recursos con más aportación pública. Yo creo que no, o no exactamente. Ha de aumentar la parte pública, pero sobre todo la capacidad propia para captar fondos. Algunos creen que esta actitud es neoliberal y es justo al contrario. Lo que pido es que el dinero público sirva, sobre todo, para financiar la universidad a las personas con bajos recursos. Ahora se financia igual a un alumno con altos recursos que a otro con bajos.
"Si hubiera movilidad funcional del profesorado, no subirían los gastos"
"No preguntamos al alumno ni por su renta, ni por sus notas; eso es injusto"
P. ¿Vía matrícula?
R. Sí, vía matrícula. No con las becas, que son modestas.
P. ¿Cuánto cubre la matrícula del coste total de un alumno?
R. El 17% o 18% en la UPC. Es poquísimo, los estudiantes deberían ser conscientes de que reciben un servicio casi regalado.
P. Propone que las universidades capten más recursos privados y por matrículas ¿Cuánto deben subir estas partidas?
R. Un estudiante cuesta entre 5.000 y 6.000 euros por curso. Ése debería ser el importe de la matrícula, al que se aplicaría una escala de detracciones. La primera, según la renta familiar; la segunda, por su capacidad o currículo, y la tercera, según dónde esté su vivienda habitual. Así, los buenos estudiantes de extracción modesta podrían tener una exención del 100%, incluso una especie de beca salario. Pero los que tiran a mediocre y son de familia acomodada pagarían religiosamente el importe íntegro. La legislación actual impide esta fórmula.
P. Pero ¿las familias con bajos recursos tendrían que pedir créditos elevados para pagar la matrícula y esperar a que les llegasen las bonificaciones?
R. No, porque las detracciones serían automáticas y los que tienen menos recursos no pagarían. Hoy todos los alumnos pagan igual. No les preguntamos ni por su renta, ni por su expediente, ni por su lugar de residencia. Eso es igualitario, no equitativo; es decir, socialmente injusto.
P. ¿Está planteando introducir la progresividad fiscal, que se está perdiendo en la renta, en la Universidad?
R. Exacto. Así se lograría que hubiera estudiantes que pagasen, otros que no pagasen y otros que incluso cobrasen, y mejorar los ingresos de la Universidad.
P. Y entretanto, muchas universidades tienen déficit, es decir, pérdidas. Por ejemplo, la UPC, de cuyo consejo social es usted presidente.
R. Algunas, la nuestra entre ellas, han cerrado con déficit porque en la ejecución del presupuesto no se han obtenido los ingresos esperados.
P. ¿Ha fallado el escenario de ingresos sin recortar gastos?
R. En los cuatro años de mi presidencia hemos reducido el déficit y puedo decir que este año cerraremos en equilibrio.
P. ¿Qué déficit tiene la UPC?
R. Tres millones de euros en 2007, con un presupuesto de 309. No es alto. En 2003 fue de 14 millones, y el presupuesto, de 219.
P. ¿No se pueden recortar ingresos durante el curso si fallan los ingresos, quizá porque el capítulo de salarios es intocable?
R. La partida de sueldos es el 80% del gasto y no se puede tocar. Sólo podemos actuar sobre el 20% restante. Pero me gustaría poder intervenir sobre el gasto en salarios. Hoy, los profesores lo son de una asignatura y no de otra, pero deberíamos poder decir, como cualquier responsable de una empresa, que alguien se haga cargo de esto o de aquello porque se necesita, siempre que sea razonable.
P. ¿Plantea la movilidad funcional para los profesores?
R. Sí, una movilidad funcional que no incrementaría los gastos de personal porque con los profesores se irían cubriendo nuevas necesidades. Ahora tenemos que incorporar nuevos profesores para cada cosa y hay dificultades para reorientar la actividad de los otros. No hablamos de poner a nadie en la calle. Hablamos de que la gente se vaya adecuando a las necesidades. Se hace en todas partes.
P. ¿Cómo cambiar eso?
R. La Ley de Universidades de Cataluña está en proceso de reformulación y los presidentes de los consejos sociales estamos presionando para que dentro del marco de la LOU
[Ley Orgánica de Universidades] se pueda mejorar la capacidad operativa de los gestores de las universidades. Hay receptividad de la Generalitat para hacerlo, al menos a nivel teórico.
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