Reportaje:

El PP 'congela' las Cortes

El tercer pleno del año acumula iniciativas sin enjundia para evitar el debate

Valencia - 07 abr 2008 - 00:00CEST

Las vacaciones parlamentarias, las elecciones generales, las fiestas de la Magdalena, las Fallas, la Semana Santa, la Santa Faz... Los diputados autonómicos apenas han tenido tiempo de participar en dos plenos a lo largo del primer trimestre de 2008. Uno de carácter extraordinario convocado exclusivamente para designar senador al ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, en sustitución de Andrea Fabra, la hija de Carlos Fabra, quien deja el puesto de senadora territorial para ocupar un escaño en el Congreso. Ferrada está imputado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y atentado contra la ordenación del territorio vinculados a la aprobación de un polémico proyecto urbanístico. Al convertirse en senador, Ferrada disfruta ahora de inmunidad parlamentaria y el juzgado número 1 de Vila-real, que instruye el caso en el que se le investiga, habrá de inhibirse en favor del Tribunal Supremo. Francisco Camps, presidente de la Generalitat no se molestó en asistir al pleno extraordinario que designó a Ferrada.

De repente, el PP da una importancia inusitada a la actividad legislativa

Luna: "La consigna es cuantos menos plenos y cuanto más cortos, mejor"

El segundo pleno de la temporada, al que Camps solo acudió para responder a tres escuetas preguntas de los grupos parlamentarios, fue diseñado para que las Cortes aprobaran los cuatro ejes de la estrategia electoral del PP ante las pasadas elecciones generales. El pleno supuso el estreno y despedida de Esteban González Pons en el debate parlamentario de ámbito autonómico.

Superado el calendario, las Cortes recuperan la normalidad esta semana, pero congeladas. Los portavoces de los dos grupos de la oposición parlamentaria coinciden al denunciar que el PP parece empeñado en evitar el debate político en su sede natural.

El miércoles y por primera vez en la presente legislatura, cobra una importancia inusitada la actividad legislativa. El pleno debatirá una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en septiembre pasado y admitido a trámite en octubre para crear un fondo de cooperación municipal. También abordará los dictámenes en comisión sobre los proyectos de ley de garantías de suministros de medicamentos, admitido a trámite en octubre pasado, y del sistema valenciano de títulos y acreditaciones de educación superior.

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Ricardo Costa, que se estrena como portavoz del PP en las Cortes, recuerda que el reglamento prevé que las iniciativas legislativas deben tener prioridad sobre otros asuntos, pero obvia comentar que esa prioridad no se ha tenido en cuenta desde octubre pasado.

Mónica Oltra, portavoz de Compromís, denunció que el pleno no incluirá ninguna proposición no de ley, la única "fórmula de expresión de la oposición" para suscitar debates y marcar distancias con el Consell en asuntos de actualidad política.

Ángel Luna, portavoz socialista, apuntó al respecto: "La consigna es cuantos menos plenos y cuanto más cortos mejor". Y sugirió que el PP sigue "una estrategia pensada para quitar emoción, actualidad e interés a los debates".

La última Junta de Portavoces ofreció otra prueba del blindaje que el Consell ha establecido ante la posible fiscalización de su gestión por parte de la oposición. Los socialistas plantearon una interpelación al vicepresidente primero Vicente Rambla para conocer la actividad que desarrolla el Consell en materia de "acción exterior". La iniciativa no fue admitida a trámite por la Mesa de las Cortes con el argumento de que no se corresponde con el ámbito de la "política general".

Luna expresó su más absoluta perplejidad ante la decisión de la Mesa: "Si la acción exterior no corresponde a la política general no se entiende que merezca una dirección general". Y concluyó que el PP somete a las Cortes a una serie de debates "que no parecen de mayor enjundia" para convertir el parlamento autonómico en "una oficina que acumula papeles".

Mejor la calle que el Parlamento

"¿Es explicable que un partido mayoritario reclame en la calle un cambio que paraliza en las Cortes?". La pregunta se la formulaba ayer Cristina Moreno, diputada autonómica del PSPV, a la vista del abandono por parte del PP de la proposición no de ley formulada en otoño pasado para instar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y el insólito impulso desde el Consell de una campaña para recoger firmas en la calle "en una clara renuncia a su representación democrática".

El PP, que goza de una mayoría más que absoluta en las Cortes Valencianas, presentó la iniciativa en cuestión el 1 de octubre. Era tan urgente que se tramitó en un plazo de apenas diez días, cuando otras proposiciones tardan meses en abordarse. Además, el grupo popular recurrió a un procedimiento muy peculiar, el que se utilizó para elevar al Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía. La iniciativa debe aprobarse en las Cortes y, a continuación, en plenos formalmente distintos, se debe elegir una comisión de diputados autonómicos que traslade la propuesta al Congreso y un portavoz de las Cortes Valencianas que asuma la defensa de la modificación de la LOFCA ante el pleno del Congreso.

El grueso de la propuesta consiste en incorporar la palabra "equidad" en la redacción de la ley orgánica en paralelo al término "solidaridad", que ya recoge la redacción actual. El PP pretendería impedir que el reparto de las inversiones del Estado en una futura revisión del modelo de financiación autonómica estuviera condicionada por los estatutos de autonomía que se han modificado a lo largo de la última legislatura y que también tienen rango de leyes orgánicas.

La Comunidad de Madrid presentó una iniciativa paralela en las mismas fechas. Y la resolvió en una semana. El Parlamento autonómico madrileño tramitó la proposición por la vía de urgencia a través de lectura única, designó la comisión de diputados y eligió a la presidenta autonómica Esperanza Aguirre como defensora de la iniciativa ante el pleno del Congreso.

Tal vez Francisco Camps prefiera ceder todo el protagonismo en la cuestión a la presidenta madrileña, pero según la socialista Cristina Moreno, "al PP, instalado en el agit-prop anti Zapatero se le ha olvidado que la calle y las firmas son recursos que utilizan aquellos que no tienen otros cauces para poder cambiar las cosas, El PP debería dejarse de firmas y trabajar donde toca, en el parlamento. Y ya que tienen la mayoría absoluta en el mismo, sería deseable que la utilizaran en beneficio de los valencianos".