La crisis política de la sequía
La crisis de la sequía afecta de manera inequívoca una de las líneas de flotación de la cultura política de Iniciativa per Catalunya. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, esta crisis no lo es tanto por la propuesta del trasvase como por la manera que el Departamento de Medio Ambiente ha gestionado la propuesta. Es cierto que para algunos puede ser difícil de digerir la propuesta del trasvase del Segre al Llobregat e incluso para unos pocos esa propuesta puede ser poco menos que un pecado mortal. Pero dadas las circunstancias de la evidente sequía y del riesgo contrastado de que más de cinco millones de personas en un país de poco más de siete se pueden despertar un día del próximo verano con un grifo por el cual no fluya el agua, creo que la mayoría de los dirigentes, militantes y votantes de ICV saben distinguir entre lo necesario de este trasvase y lo superfluo e incluso perverso del trasvase del ^lan Hidrológico Nacional (PHN). Es simplemente la diferencia que hay entre una acción para evitar cortes de suministro de agua en viviendas y otra acción diseñada para facilitar un modelo de desarrollo urbanístico intensivo e insostenible en la costa mediterránea.
La cuestión es saber por qué en distintas ocasiones Baltasar negó que su intención era hacer un trasvase
En resumen, la propuesta de trasvase no es en esencia un problema irresoluble para ICV. Sí lo puede ser, en cambio, el estilo y el procedimiento seguidos. No es el contenido lo que duele, sino las formas. Y es en ese punto donde ICV tiene un problema que resolver y el consejero Francesc Baltasar uno inesperado. Uno de los pilares de ICV desde su fundación en 1986 ha sido la posibilidad de ofrecer a sus electores una manera distinta de hacer política, con ingredientes por un lado de la vieja cultura psuquera, como por ejemplo el compromiso institucional para hacer posible un gobierno de izquierdas o el ejercicio de la responsabilidad de gobierno alejada de concesiones populistas o electoralistas, y por otro lado, componentes de una cultura política emergente que es consciente de la desgana con la que la sociedad percibe los partidos tradicionales y su manera de hacer política y que valora aspectos como el compromiso por la honestidad, la transparencia, la participación y la deliberación en el proceso de decisiones, entre otros.
El contenido de la propuesta del trasvase podría ser una expresión de la responsabilidad en el ejercicio del poder -y por tanto digerible por ICV sin mayores consecuencias-, pero la manera de proceder choca abiertamente con los aspectos de de la cultura política emergente y echa por los suelos cualquier esperanza de colaboración con la propuesta del trasvase.
La cuestión está en saber por qué en distintas ocasiones entre el mes de febrero y mediados de marzo el Gobierno catalán a través de Baltasar negó tajantemente que su intención fuera hacer un trasvase. Fue -consciente o inconscientemente- Baltasar, quien comprometió a los dirigentes territoriales de su formación al asegurarles que el trasvase no se preveía en el Departamento de Medio Ambiente. Finalmente, fue también ese dirigente de ICV quien reconoció que selló un pacto de discreción con dirigentes del PSOE para ocultar en periodo electoral la hipótesis del trasvase proyectado por el Gobierno catalán. Estos son los orígenes del problema que amenaza en convertir los próximos meses en una prueba de fuego no sólo para el Gobierno, sino esencialmente para Iniciativa per Catalunya.
Esta formación ya tenía planteado un debate sobre los resultados electorales de este último ciclo. De manera contenida planeaba la sombra del debate entre la oportunidad y la necesidad de impulsar el relevo generacional sin provocar más demora en el tiempo. También se oían voces -aunque pocas y sin mucha potencia- que manifestaban que Iniciativa per Catalunya necesitaba una dirección fuerte que descansara en personas no atrapadas en la acción cotidiana de gobierno. En cualquier caso, todo este debate se presenta ahora inevitable e improrrogable en el tiempo, como consecuencia de la actuación de uno de sus dos representantes en el Gobierno catalán. Iniciativa, pues, se ve volcada a un proceso congresual muy intenso, no tanto como el de ERC ciertamente, pero lo suficiente como para que el resultado tenga a fecha de hoy algo de imprevisto y con un riesgo evidente que sus consecuencias afecten al Ejecutivo de Montilla.
En política, como en cualquier otra actividad profesional, un error o incluso una cadena de errores lo puede cometer cualquiera. Pero una vez cometido lo que es imprescindible es evitar que se propaguen otras consecuencias imprevisibles. Los errores importantes hay que asumirlos, y una vez asumidos hay que tener la generosidad y la valentía de tomar decisiones fuertes si con ellas se evitan males mayores.
Cualquier observador un poco atento sobre la vida política sabe que cuando un gobernante acierta en su actuación no es evidente que obtenga beneficios ni réditos políticos por la misma, pero que cuando se equivoca -por no decir una expresión escatológica más contundente- hay muchas probabilidades de que hasta sus más próximos compañeros de partido le vayan a dejar tirado si con ello evitan que el malestar y las tensiones fruto del error les afecte también a ellos. La política es así; glorias las justas y en contadas excepciones. Palos bastantes, incluso inmerecidos y a menudo a traición. Esta es la teoría y el consejero Baltasar no la debería menospreciar. A veces un gesto inequívoco, por radical que parezca y difícil que sea evita males mayores, y quién sabe si también evita salir por la puerta pequeña obligado por las circunstancias.
jspicanyol@hotmail.com
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