Las zonas verdes de Málaga se convierten en objeto de especulación

Los suelos destinados a zonas verdes y equipamientos públicos no escapan a la especulación urbanística aunque no se prevea su cambio de usos. Determinados promotores de Málaga han comprado en los últimos años pastillas de suelo que seguramente nunca podrán ser urbanizadas, pero exigen al Ayuntamiento que se las expropie a precios que sobrepasan con creces el valor de compra del suelo.

Una sociedad pidió 68 millones por un suelo que compró por 3,6 meses antes

Los promotores esgrimen para reivindicar el derecho a estas indemnizaciones la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su artículo 140 establece que los ayuntamientos tendrán que expropiar los terrenos para dotaciones públicas que no estén incluidos en un sector de nueva ejecución en un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), transcurrido el cual se dará por iniciado el procedimiento de expropiación forzosa a requerimiento de los interesados.

El conflicto surge por la aspiración de los promotores de que los suelos se valoren a precios de mercado, aunque no puedan ser urbanizables, para que se les compense del supuesto perjuicio que les causa no poder edificar. Como informó EL PAÍS el pasado 7 de enero, en cuatro casos el Ayuntamiento de Málaga ha acudido a los tribunales para impugnar los justiprecios fijados por la Comisión Provincial de Valoraciones para la expropiación de otras tantas parcelas en las zonas del monte Gibralfaro y El Limonar, que suman 11,4 millones de euros. Con todo, el jurado ya rebajó sustancialmente las propuestas de los promotores, que superaban en conjunto los 70 millones de euros.

Ahora se ha detectado un nuevo caso que resulta muy llamativo y ante el que el equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre ha optado por buscar medidas para frenar esta carrera especulativa. La sociedad Parque Málaga compró en enero de 2007 a la Congregación de Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos 21.881 metros cuadrados segregados de la parcela que ocupa el colegio de El Monte, en una ladera del Monte Gibralfaro por 3.606.073 euros. Nueve meses después de la firma de las escrituras, en septiembre de 2007, Parque Málaga pidió al Jurado de Valoraciones la expropiación por un justiprecio de 68 millones de euros.

El Ayuntamiento recurrió la petición de expropiación y el Jurado Provincial de Valoraciones le ha dado la razón y en resolución adoptada el 22 de enero pasado sostiene que "no se dan los requisitos previstos en el artículo 140 de la LOUA para entender iniciado el procedimiento de expropiación forzosas por ministerio de la ley".

El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz, no tiene duda de que se trata de "operaciones especulativas" realizadas por personas que dice son "muy buenas conocedoras del mercado inmobiliario". Con el propósito de "ponerles coto", el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobó el pasado jueves la delimitación de tres áreas de la ciudad en las que el Ayuntamiento se reservará el derecho de retracto y tanteo sobre aquellos suelos que sean dotacionales y que sus dueños pretendan vender. Las zonas "blindadas" son Puerto de la Torre, Campanillas y el área del plan Bahía. Según Díaz, si el Ayuntamiento compra los suelos a precio de mercado real y no de expectativas "se evitarán complejos expedientes expropiatorios posteriores con pretensiones especulativas".

Aunque todos los grupos políticos votaron a favor de ejercer el retracto, el portavoz del PSOE, Enrique Salvo, lamenta que eso ya "implica asumir los precios del mercado" y entiende que "a estas alturas debería estar claro que hay suelos que han sido dotacionales en todos los planes urbanísticos y no hay justificación para que tengan ahora expectativas de desarrollo". Salvo además entiende que las áreas preferenciales que debían haberse delimitados para el tanteo son la zona este y el litoral, las de mayor valor del suelo y donde de hecho se producen los litigios actuales.

Según el PSOE ha sido el propio Ayuntamiento el que ha favorecido que los propietarios de suelos dotacionales tuvieran expectativas. Uno de los justiprecios recurridos por el Ayuntamiento en la vía de lo contencioso es el de 2,5 millones de euros para el presidente de la inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado, por una parcela en Gibralfaro. El equipo de Gobierno ha optado por mantener el suelo como zona verde, pero antes tuvo intención de recalificarlo y de hecho en la aprobación inicial del nuevo PGOU en tramitación se le concedía derechos de edificabilidad para construir 22 chalés. Cuando supo que no sería así, el dueño de Aifos pidió 22 millones de euros que el Jurado de Valoraciones redujo a 2,5 millones.