La juez confirma el archivo del caso por presunta financiación ilegal de IU en Camas
El juzgado de Sevilla ha archivado de nuevo la denuncia por presunta financiación ilegal de IU en Camas (Sevilla), en la que está imputado el ex alcalde Agustín Pavón (IU), por lo que la acusación particular llevará su petición de reapertura a la Audiencia provincial. Fuentes del caso han explicado que la juez de Instrucción número 6 ha rechazado el recurso de reforma de la acusación particular y ha confirmado el archivo de la causa, con el apoyo del fiscal pese a que la denuncia fue abierta a instancias de la propia Fiscalía tras recibir una denuncia del PSOE e IU.
El juzgado decretó en enero pasado el archivo de las actuaciones por la existencia de "contradicciones" y porque, después de más de dos años de instrucción, "no ha quedado debidamente justificada la perpetración de ningún ilícito penal".
La juez entendió que esa es la única conclusión posible "tras más de dos años de instrucción", después de "haber oído a todas las partes y dada la existencia de contradicciones".
La denuncia fue presentada a la Fiscalía por el PSOE y Nueva Izquierda, que se personaron como acusación particular, y se refería a presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad por destinar supuestamente 12.048 euros procedentes de patrocinios de la feria de 2003 de Camas a pagar un crédito electoral de IU.
En el sumario declararon como imputados el entonces alcalde, Agustín Pavón (IU), dos empresarios y dos responsables políticos del Ayuntamiento y de IU en la localidad: Antonio Lucenilla, secretario de Organización y Finanzas de la coalición, y Diego Castrejón, ex jefe de prensa del Ayuntamiento. En el caso de Pavón, su imputación se produjo cuando estaba también acusado en otra denuncia por el presunto soborno con 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo para comprar su voto en un pleno municipal, asunto en el que la Fiscalía ha pedido para él un año y medio de cárcel y que será juzgado en los próximos meses por un jurado popular.
En diciembre de 2005, Pavón negó ante la juez tal financiación ilegal y dijo que el dinero entregado para pagar el crédito electoral procedía de la asignación municipal a los concejales y que "bajo ningún concepto" pidió que se sacase de dinero destinado al Ayuntamiento.
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