Política Territorial valora más el suelo rústico coruñés que el comercial

Propietarios de lo que en su día fueron fincas o montes del lugar de Vío, en las estribaciones del monte de A Zapateira, están convocados estos días por los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña para pasar a cobrar los terrenos que fueron suyos y ahora forman parte del polígono industrial-comercial de Vío. La resolución del Xurado de Expropiación de Galicia estableció en 43,19 euros el precio del metro cuadrado. Pocos días antes, a cientos de metros de Vío, el jurado provincial de expropiación de A Coruña había fijado en 48 euros el metro el valor de los terrenos destinados al área de salvaguarda del Castro prerromano de Elviña, rústicos y no urbanizables, y ni siquiera cultivables.

Algunos titulares vendieron sus terrenos a 12 euros el metro cuadrado

El polígono de Vío, de casi 700.000 metros cuadrados, es una concesión otorgada a Promotora de Viviendas Urbanas, sociedad del empresario del juego José Collazo Mato. Está en fase de urbanización y se prevé que pueda inaugurarse a finales de año. Todos las parcelas están ya comprometidas, a un precio medio de 420 euros el metro.

El Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) es un organismo creado en febrero de 2006 por la Administración autonómica para agilizar ese tipo de procesos, anteriormente en manos de jurados provinciales formados por técnicos y jueces. Desde su puesta en marcha, el XEG aprobó 10.644 procesos, con una superficie de casi siete millones de metros cuadrados, y en 2007 elevó un 60% los precios fijados en primera instancia por las administraciones que acometieron las expropiaciones, apuntaba hace un mes la conselleira de Política Territorial, María José Caride, en el balance de actividad del organismo. En el caso de Vío, el incremento se quedó en la mitad de ese porcentaje, porque el precio fijado por el Ayuntamiento era de 33 euros.

Vío nació como el tercer polígono de A Coruña, "y agotará el suelo industrial de la ciudad", sentenciaba en marzo de 2003 el entonces alcalde Francisco Vázquez en el acto informativo de presentación del proyecto, y en el que ya reconoció entonces que sería "más comercial que industrial". Aunque de iniciativa pública, se adjudicó su gestión a Promotora de Viviendas Urbanas (la única candidata, por otra parte), que también asumió la expropiación de bienes y derechos. Este sistema está recogido en la normativa de 1978, la misma bajo la que se amparó la política urbanística de la Comunidad Valenciana, y que motivó la llamada de atención de la Unión Europea porque para aplicarse necesita definir claramente el interés público del proyecto.

Los primeros terrenos llegaron a adquirirse a precios como 12 euros por metro cuadrado, con la oferta de que "o lo toma, o se lo vamos a expropiar". "Quien lo vendió por esa cantidad", asegura el abogado de varios afectados, "fue gente mayor, por ignorancia y no por presiones, porque era fácil comprobar que esos terrenos figuraban en el plan general como industriales y estaba claro que valían más".

Otros vendieron en las propias oficinas municipales, donde antes de tratar con los funcionarios de urbanismo tenían una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo, en una dependencia anexa, con un representante de la sociedad concesionaria. El despacho que actuó de intermediario está dirigido por el antiguo vicesecretario municipal y creador del servicio de asistencia jurídica a los municipios de la Diputación de A Coruña, Juan Pérez Rodríguez.

Muchos que llegaron a acuerdo ni siquiera cobraron en su día de las arcas municipales, porque, según algunos propietarios, el Ayuntamiento fue mucho más estricto a la hora de requerirles documentación que con la concesionaria a la hora de justificar la adquisición de terrenos. Cuando el Ayuntamiento aprobó la urbanización de Vío, en septiembre de 2006, la página web del PSdeG-PSOE local informaba que el presupuesto de expropiación ascendía a 23 millones de euros y afectaba a 228 parcelas.

Algunos propietarios han superado toda esa criba de oportunidades y han recurrido por lo contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En sus demandas incluyen tasaciones particulares, algunas recogidas de dictámenes fiscales, que estiman el justiprecio entre los 120 y los 180 euros por metro cuadrado, cuatro veces lo estipulado por el XEG.