"Los juzgados son reinos de taifas"

Todo es nuevo, amplio, reluciente en el Palau de Justicia de Benidorm. Luminoso el vestíbulo que comunica con las salas de audiencias forradas de madera; funcionales los despachos, amplios los accesos. Un lujo si se compara con la modesta sede provisional de los Juzgados de Navalcarnero, un pueblecito convertido en ciudad-dormitorio a una treintena de kilómetros de Madrid. Aquí los techos son bajos, los pasillos estrechos, los despachos tienen ventanas ciegas y no hay sitio para la gente que espera.

Pero el envoltorio no debe engañar. En Benidorm y en Navalcarnero, partidos judiciales ambos que engloban una población estable de entre 120.000 y 150.000 habitantes, los problemas de la justicia española son los mismos que en la mayoría de los 3.000 juzgados diseminados por todo el país: lentitud y burocracia exasperante para hacer frente a un flujo de casos judiciales que aumenta en progresión geométrica. Y, sobre todo, una completa desconexión entre cada una de estas oficinas altamente especializadas. Lo dice Román Huertas, secretario del Juzgado Penal número 2 de Benidorm. "Cada juzgado va por libre. Esto es un reino de taifas". De forma que los casos que se tramitan en uno son ignorados totalmente por los demás.

En Benidorm se cubrió una vacante de funcionario con un ex empleado de Mercadona

Benidorm, con 12 juzgados debido a la enorme población flotante, y Navalcarnero, con cuatro, no son excepciones. Son partidos judiciales que reflejan la realidad incómoda de una justicia en estado comatoso.

¿Quién tiene la culpa de todo esto? "Pregúntele al ministro. Pregúntele quién está interesado en que la justicia no funcione. Mire, en cambio, qué bien funciona Hacienda", dice casi con furia uno de los trabajadores del Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero. "Lo que nos falta son medios económicos y humanos. Los interinos que vienen de las bolsas de trabajo del INEM no saben muchas veces ni teclear en un ordenador. No han oído hablar de procedimientos, de autos ni de diligencias. Es necesario que esta gente reciba un cursillo por lo menos antes de trabajar en un juzgado".

La misma rabia contenida se detecta en muchos de sus compañeros. Y la misma desconfianza. Ninguno quiere dar su nombre ni aparecer en las fotografías y todos tienen claro que la única razón de que la justicia esté en fase terminal es de los políticos y de los Gobiernos que no han destinado los medios necesarios para sacar de la UVI a esta enferma. El desinterés a la hora de cubrir las vacantes, que a veces tarda meses en producirse, sería la mejor prueba.

En el Juzgado Penal número 2 de Benidorm se escucha la misma letanía. Román Huertas, su secretario, no ha olvidado aún al ex empleado de Mercadona que les enviaron para cubrir una vacante. Cuesta trabajo creer que el reponedor de un supermercado pueda pasar de un día para otro a manejar con soltura expedientes judiciales. Aunque aquel trabajador se fue, las siete funcionarias que trabajan en este juzgado son interinas también. ¿Por qué no hay ningún funcionario titular aquí? "No quieren sitios tan conflictivos", explica una de ellas.

Benidorm, capital turística de la Costa Blanca, donde corre el dinero a raudales, y donde abunda la delincuencia de guante blanco, es un hervidero de querellas, delitos y faltas. Cada uno de los dos juzgados penales ronda los 800 asuntos de registro judicial al año. Demasiados, según el propio gobierno de los jueces que aconseja no superar los 450.

"Necesitaríamos otros dos juzgados penales más", advierte la titular del número 2, Marta Chumillas. Y basta echar una ojeada alrededor para comprenderlo. Cajas repletas de carpetas con autos, sentencias, documentos judiciales se apilan por todas partes, como si la oficina judicial fuera un improbable depósito.

Hay pruebas de convicción medio embaladas a un lado, rodeadas también de montones de carpetas con post-it, con notas, con las fechas escritas en rotulador negro o rojo.

Al ritmo de trabajo actual (aunque algunas funcionarias han decidido hacer horas extra), las causas pendientes de hace tres o cuatro años seguirán envejeciendo a buen ritmo. Sobre todo porque las armas para lidiar con esos asuntos son las mismas que hace un siglo.

Como otros servicios públicos, la justicia se está informatizando, pero nadie sabe cuándo llegará el momento en que se ponga en marcha algo tan útil como el expediente electrónico. Un recurso perfecto que pondría una información de máxima importancia al alcance de todos los juzgados en un tiempo mínimo. Pero el expediente electrónico aún está lejos.

"La justicia tiene una estructura decimonónica. No surgió con la mentalidad de ser un servicio público", reconoce el secretario Huertas. Está pendiente de una reestructuración. "Desde 2003 no ha habido acuerdo político para abordar los cambios", dice. Y los cambios parecen cada vez más urgentes. A Huertas se le llevan los demonios cuando piensa que los ordenadores del juzgado tienen procesadores Pentium 4 [tecnología ya muy superada], con memorias insuficientes, que prolongan insoportablemente la tarea de incorporar las sentencias o las diligencias a este soporte electrónico. "Llevamos dos años pidiendo una actualización de los sistemas operativos sin conseguirlo", se lamenta este secretario.

Por su cuenta y riesgo, Huertas ha creado una página web donde cuelga las sentencias. Por supuesto, es un blog. No tiene nada de oficial. El ministerio no acepta otra cosa que papel, aunque los jueces tienen reconocida la firma electrónica. Y las copias de las sentencias se envían por riguroso correo convencional. Conclusión: incorporar los antecedentes a un expediente penal lleva entre dos y cuatro meses de tiempo.

La juez Chumillas se encontró el mismo jueves con un viejo conocido en uno de los juicios que celebró. Era un delincuente al que ella misma había condenado con sentencia firme un mes antes. Pero esa condena no figuraba en el expediente del caso, donde sólo constaba un antecedente.

A la hora de dictar la nueva sentencia, de un año y seis meses de prisión, la juez mencionó de pasada la posibilidad de una sustitución de la pena de prisión, pero con poca convicción. "Con tantos antecedentes no es posible", confesaba después. "Pero si no hubiera sido porque le condené yo misma, no habría tenido medio de saberlo", reconocía.

Las jueces de los Juzgados mixtos números 3 y 4 de Navalcarnero procuran ordenar sus agendas para evitar errores. La del Juzgado número 4, por ejemplo, tiene programados los juicios civiles los martes y jueves, mientras lunes y viernes los destina a la toma de declaraciones. Luego están las guardias que se alternan entre todas las jueces del partido judicial, cada una siete días seguidos.

"La gente cree que nuestro trabajo es igual que en las películas americanas que ve en televisión", dice la juez decana de Navalcarnero, titular del Juzgado de Instrucción número 3, Teresa Abad. "Y nada más lejos. Nosotras somos personas normales, con nuestras familias, nuestras preocupaciones y nuestros problemas". Ella es una persona normal que estudió Derecho y tardó seis años en aprobar una oposición "durísima". ¿Era esto lo que esperaba de la judicatura? Abad reconoce que no del todo, aunque la vocación sigue intacta. "Tengo presente lo que me dijo uno de mis profesores, 'no olvides que detrás de cada expediente hay una persona".

Muchas personas, ciertamente, a juzgar por las montañas de carpetas que se apilan en su juzgado, bajo el epígrafe de "monitorio", o ejecutorias en trámite, o juicios de falta o atestados de tráfico. Una carpeta de diligencias previas por "falsedad documental y delito societario", que descansa sobre una de las mesas, suma 150 folios.

Los jueces se quejan de que los cambios en el Código Penal no han hecho más que judicializar un poco más la convivencia social y aumentarles el trabajo. Un juzgado "de pueblo", como el de Navalcarnero, se ocupa de una variedad enorme de problemas. Entre otras cosas porque hace tiempo que esta ciudad-dormitorio, que palpita al ritmo de Madrid, ha dejado de ser un pueblo. El casco antiguo, armonioso y bien cuidado, ha sido rodeado por un cinturón de nuevas construcciones. Igual que la veintena de municipios comprendidos en este partido judicial.

"Tenemos un nivel de trabajo inaccesible, y estamos sometidos a una tensión brutal", dice la juez, mientras se dispone, ella misma, a enviar un fax. "Es un fax del decanato y como yo tengo dos manos, prefiero hacerlo por mi cuenta y no pedírselo a los funcionarios que están sobrecargados de trabajo".

A los juzgados de Navalcarnero llegan las causas que se generan en Xanadú, un centro comercial y de ocio visitado por 10 millones de personas al año, y las incapacitaciones que se originan en las 120 residencias de ancianos de la zona. Por no hablar de los casos que nacen de la creciente morosidad, o de los delitos de tráfico.

Ninguno de estos asuntos es tan absorbente y primordial, sin embargo, por imperativo legal, como la violencia de género, de la que se ocupa el Juzgado número 3. Este viernes de abril ya ha entrado un caso, aunque la víctima no quiere presentar denuncia. Teresa Abad cree que estos asuntos, muchos de ellos sangrantes, no son materia judicial. "Estamos ante un problema social y cultural muy grave", dice, "los jueces no podemos hacer mucho". Y sin embargo, los casos por violencia de género llenan las salas de audiencias en todo el país.

Tres de los 11 juicios programados por la juez de Benidorm, Marta Chumillas, para la mañana del jueves, entran en este apartado. En una de las vistas, la víctima ha retirado los cargos y ha negado las agresiones que denunció en su día. La fiscal no oculta su contrariedad. Piensa en los costes y en el tiempo perdido, de lo que no anda precisamente sobrada nuestra justicia.

La juez Chumillas se muestra comprensiva, sin embargo. La justicia española es garantista y compasiva y eso está bien. Pese a las dificultades, las incomprensiones y la falta de medios, ella afronta su trabajo desde esa perspectiva de servicio público, aunque en el día a día abundan las experiencias ingratas. "Los jueces tenemos una conciencia clara de lo vitales que son los asuntos que tenemos entre manos. La libertad de una persona es una cuestión muy importante", subraya. Todo lo es. Toda la sociedad pide justicia. El que ha sufrido un robo y el que ha sido atropellado, o el que reclama un dinero impagado. ¿Responde la justicia a estas expectativas? Parece claro que no.

El secretario Huertas recuerda a un comerciante de Benidorm que después de sufrir una treintena de atracos ha dejado de acudir a los juicios. A las dificultades de buscar a otra persona para atender el negocio se añadía la insignificancia de la indemnización que se le otorgaba, "siempre en consonancia con los medios del condenado". La única vez que consiguió asistir a la vista, el acusado no se presentó.

El secretario judicial del Juzgado Penal número 2 de Benidorm no tiene duda de que este caso ilustra el de muchos otros ciudadanos, víctimas no sólo de los delincuentes, sino de la propia justicia.