El urbanismo sin control deja más de 4.000 casas ilegales en el Almanzora

Ni cerveza, ni sol. La primeras palabras en castellano que muchos británicos han tenido que aprender después de comprarse una casa en la hasta ahora desapercibida comarca del Almanzora (Almería) han sido contencioso administrativo, Plan General de Ordenación o licencia de primera ocupación.

En los últimos años, la fiebre urbanizadora ha avanzado a pasos agigantados con un saldo de viviendas ilegales que fluctúa entre las 4.000 y las 6.000, según las estimaciones. Las promociones comenzaron a brotar en el momento en el que los promotores advirtieron que la comunidad británica veía en esta zona las características de un retiro idílico: buen clima, tranquilidad y un nivel de vida más barato que en el Reino Unido. "Una casa aquí, con un gran jardín, sol y un pueblo con todos los servicios a cinco minutos en coche es el sueño de cualquier pensionista británico", mantiene Maura Hillen, ejecutiva de banca irlandesa retirada en Albox (11.000 habitantes censados) hace un año.

La comunidad británica se siente estafada por la falta de control

Casas sin luz, sin escrituras y con los promotores desaparecidos

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente ya alertaba en 2007 del alto índice de delitos urbanísticos que se estaban investigando en la comarca, sobre todo en los municipios de Zurgena, cuyo alcalde fue detenido esta semana en una operación contra la corrupción urbanística, Albox, Oria, Cantoria y Arboleas.

Las investigaciones se conocían, pero la demolición en febrero de una casa en Vera, propiedad de británicos, cruzó fronteras e hizo saltar todas las alarmas.

La comunidad británica se unió y pidió ayuda al Parlamento Europeo. La mayoría se siente estafado por la falta de control de los últimos años. "Nadie ha hecho su trabajo correctamente", sentencia David Dunthorn, portavoz de la asociación Abusos urbanísticos Almanzora no, que aglutina a 300 británicos afectados. "Le prometí a mi esposa que si esto no nos gustaba nos marchábamos en un par de años, pero estamos atrapados. Hemos puesto los ahorros de nuestra vida en unas casas sobre las que nadie nos alertó", añade Dunthorn.

Las historias de los propietarios de estas viviendas, todas en el término de Albox, dan para escribir un serial. En tres años, Judy Baker, teleoperadora jubilada de la British Telecom, ha gastado 300.000 euros en una vivienda de la que ni siquiera tiene escritura. No tiene agua corriente, ni luz. Gasta 90 euros a la semana en alimentar a un generador de electricidad y tuvo que pagar 6.000 euros a un vecino por un trozo de parcela después de que denunciara un cambio en sus lindes. Baker explica con flema inglesa por qué tiene que hacerse responsable de todos los gastos. El constructor, ahora desaparecido, le hizo firmar un contrato en el que ella aparecía como promotora.

El caso se repite, con variantes, en las 12 viviendas de alrededor, también responsabilidad del mismo promotor. Thomas Jones, ingeniero mecánico dueño de la villa Las dos Torres pagó 1.000 euros de la instalación del agua y la parte que le correspondía los 100.000 euros que costaron unas torres de alta tensión instaladas cerca de sus viviendas. "Sevillana desconectó la electricidad porque las casas no tienen licencia de primera ocupación", explica. "Necesitamos que sepan que la comunidad inglesa no tiene dinero ilimitado y que hacen falta soluciones con horizontes cercanos", subraya David Dunthorn.

En estos años, la economía de los pueblos de interior ha resucitado. Han abierto comercios, supermercados e innumerables inmobiliarias. Muchos jóvenes han encontrado trabajo en la construcción, mientras los últimos agricultores y cabreros cambiaban el trabajo duro y mal pagado en sus tierras por cheques que garantizan tranquilidad económica de por vida.

Antes de las municipales de 2007, Albox contaba con 13 expedientes de demolición de chalés firmes. En la localidad vecina de Arboleas, también limítrofe con Zurgena, Ecologistas en Acción ha denunciado ilegalidades urbanísticas en siete pedanías.