Competencia expedienta a la industria alimentaria por las subidas de precios

El 29 de agosto de 2007, la patronal del sector del huevo, Inprovo, dio una mala noticia a los consumidores: "En agosto, el precio del huevo ha subido un 12%". No era cierto. Los precios apenas habían subido ese mes, según los datos de Estadística y del Ministerio de Industria. Pero el anuncio se convirtió en una profecía autocumplida: los precios se dispararon en septiembre un 6%. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga ahora si aquella nota de prensa supuso una práctica ilegal. Sus inspectores han encontrado indicios probatorios de que las empresas alimentarias siguieron deliberadamente una política de comunicación destinada a provocar alzas artificiales del precio de alimentos básicos como el pan, el pollo o los huevos.

La leche, el artículo que más ha subido, se ha librado del expediente

La Dirección de Investigación efectuó registros los días 30 y 31 de octubre en la sede de diversas empresas y asociaciones del sector. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que los inspectores encontraron correos electrónicos y notas internas entre otra documentación que apunta a prácticas prohibidas para restringir la competencia y hacer subir los precios.

Tras encontrar esos indicios, la CNC anunció ayer que ha abierto expedientes sancionadores contra la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) y siete asociaciones dependientes de ésta, así como contra la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo (Propollo), la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) y la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias. Todas han negado que pactaran precios.

La CNC reconoce que "parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios". Sin embargo, sí cree que algunas de sus prácticas pueden haber vulnerado el artículo 1 de la Ley de Competencia. Ese artículo prohíbe no sólo los pactos de precios explícitos propios de los carteles, sino también otras prácticas más sutiles como las "recomendaciones colectivas" o las "prácticas conscientemente paralelas" que "tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir, limitar o falsear la competencia".

La apertura del expediente es fruto de una serie de investigaciones iniciadas de oficio por la CNC tras observar la subida de los alimentos básicos desde mediados de 2007. A ellas se sumaron denuncias de diversas asociaciones de consumidores, así como noticias difundidas en la prensa anunciando la subida de precios.

Antes de iniciarse oficialmente las investigaciones, el presidente de la CNC, Luis Berenguer, señaló que el organismo observaba "con preocupación" declaraciones públicas "coincidentes en el tiempo" de organizaciones de fabricantes advirtiendo de estas subidas. La patronal del sector del huevo no sólo proclamó un falso o exagerado encarecimiento en agosto pasado, sino que en la misma nota de prensa y otras posteriores profetizaba nuevas subidas. También en agosto de 2007 Propollo anunció una inminente alza del 11% (20 céntimos) en el precio del pollo, que algunos consumidores denunciaron como una recomendación colectiva. La subida no fue tan espectacular, pero se produjo.

En el caso de FIAB y sus asociaciones dependientes, la CNC trata de determinar "si la política de comunicación puesta en marcha en el seno de dichas asociaciones pudiera constituir" una práctica ilegal. En el sector del pollo y el pan se incoa expediente por las declaraciones de sus representantes, y en el del huevo, por las notas de prensa de Inprovo. La CNC trata de probar que las declaraciones y notas de prensa de aquellas fechas no eran reacciones espontáneas, sino que trataban de contribuir a la subida de los precios como parte de una estrategia deliberada. Fuentes de la CNC sostienen que la documentación hallada respalda esa tesis.

Curiosamente, la Federación Española de Industrias Lácteas (Fenil) ha quedado fuera del grupo de asociaciones con expediente abierto, cuando la leche fue uno de los productos que más subió el pasado año. Fuentes de la CNC señalaron ayer que "bajo la lupa del organismo han estado todas las asociaciones aunque sobre ésta no se ha incoado expediente por no haber podido reunir los indicios suficientes".

Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y la resolución de los expedientes. En casos en que no es posible delimitar el volumen de negocio por tratarse de asociaciones de empresas, las infracciones graves se pueden multar con sanciones de 500.000 a 10 millones que se pueden distribuir entre los asociados, según la nueva ley.