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135 equipos de normalización quedan sin ayuda este curso

Defectos de forma les impidieron optar a la convocatoria

La federación de Ensino del sindicato nacionalista CIG ha denunciado el lunes que "muchos centros educativos se han quedado fuera de la convocatoria de ayudas para los equipos de normalización y dinamización lingüística". Según el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, "hasta ahora, la Secretaría Xeral de Política Lingüística era más flexible al recibir las solicitudes. Una aplicación rigurosa del procedimiento administrativo, sin previo aviso a los centros, provocó que casi cien equipos de normalización se encuentren sin ayuda para el curso 2007-2008". Concretamente, y según datos de Política Lingüística, 135.

De los 1.406 colegios públicos existentes en Galicia, 879 han solicitado el régimen de apoyo económico para las actividades de normalización, que ha sido concedida a 744. "Hubo proyectos que se presentaron fuera de plazo", indica desde la Secretaría Xeral Nita Ferreiro, "por no presentarse en los registros de la Xunta a tiempo, sino a través de correo ordinario". Desde la CIG no niegan estos defectos de forma, pero afirman que en años anteriores "se aceptaba el registro de salida de los centros educativos como válido para establecer la fecha en que fuera entregada la comunicación". "El problema", afirma Anxo Louzao, "es que no se avisó a tiempo a los colegios del cambio".

Para Nita Ferreiro, "la Administración debe someterse al principio de legalidad, y no creo que esto le parezca mal a nadie". Y añade: "El derecho sólo va a asistir a los que cumplieron el plazo; además, la secretaria general envió a principios del año escolar una carta a los directores de los centros, donde se avisaba de la convocatoria de ayudas para los equipos de normalización". A pesar de que Anxo Louzao reclama que "se arbitre algún tipo de medidas para que esos centros puedan acogerse a las ayudas; siempre había algunos que quedaban fuera, pero en ningún curso el número fue tan elevado", Política Lingüística advierte de que "sería incumplir la legalidad, y ninguna entidad, ni pública, puede pedirnos que incumplamos la ley".

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