El alcalde de Vigo investiga los terrenos de la depuradora

La principal depuradora de Vigo, en la desembocadura del río lagares, tiene 75.00 metros cuadrados menos que el suelo comprado por el Ayuntamiento y la concesionaria Aqualia. Muchos de los beneficiados por la operación son supuestos particulares de una zona que finalmente el Ministerio de Medio Ambiente reconoció de dominio público. Para arrojar luz sobre todas estas irregularidades, que arrancan en 1989, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha encargado una investigación, que coordinará el jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento.

El regidor municipal abre esta investigación después de que se supiera que el Ayuntamiento no sólo compró para construir la depuradora terrenos que resultaron ser de dominio público, sino que más de la mitad de los 772 millones de pesetas que pagó se han desaparecido sin dejar rastro. En concreto, una partida de 271 millones de pesetas, aprobada por el pleno en noviembre de 1993, se distribuyó en tres cuentas bancarias, de 169 millones una, 22 otra y 80 la tercera. De ninguna de esas cuentas hay constancia de pago de un solo metro cuadrado en la zona del Lagares.

Destino de los fondos

Aunque Abel Caballero sospecha que las irregularidades podrían haber prescrito, la investigación intentará aclarar el destino final de esos fondos y las razones por las que se accedió a pagar a particulares por suelo de dominio público. Pese a la superficie reunida por el Ayuntamiento, la depuradora viguesa ocupa una pequeña parte de los terrenos, lo que motivó muchos de los problemas que viene arrastrando la estación desde que se inauguró. Según el informe de una de las últimas auditorías, algunos de los elementos de la depuradora están "difícilmente encajados", dada la "escasa superficie disponible". Eso obligó en la segunda fase de la obra "a modificar tanto el emplazamiento de los nuevos decantadores secundarios y reactor como su geometría".

El solar que ocupa la depuradora, que ahora se prevé ampliar, mide 59.600 metros cuadrados, menos de la mitad de la superficie que teóricamente correspondería a los 772 millones de pesetas desembolsados para ese fin. El convenio con los vecinos aportó 61.440 metros cuadrados, mientras que la concesionaria aportó 28.288. De ese conjunto se han esfumado 30.128 metros, según los planos del plan general.