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El fiscal pide prisión para el alcalde de Cortegana

Los gitanos recuerdan en el juicio los ataques de 2005

El fiscal ratificó ayer, durante su exposición final, la solicitud de pena de un año y nueves meses de cárcel para el alcalde de Cortegana, Antonio Marín (IU), y los otros 12 juzgados por los disturbios vividos en el municipio onubense el 16 enero de 2005 contra los vecinos de etnia gitana. Todos ellos negaron durante la primera sesión su implicación en los hechos. Al alcalde y a otros 12 vecinos se les acusa de delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños. Por estos cargos, además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una multa de 18 meses, a razón de una cuota de seis euros por día.

Las acusaciones particulares rebajaron la solicitud de pena del alcalde a un año de prisión (por manifestación ilegal), pidieron la absolución de uno de los acusados; solicitaron dos años para las dos únicas mujeres (por provocación al odio racial) y cinco años los otros nueve acusados, por delitos de provocación al odio racial y de amenazas a minoría étnica. Las defensas pidieron la libre absolución de sus clientes.

Previamente, una quincena de testigos rememoró aquella jornada en la que más de un millar de vecinos marcharon en una manifestación convocada por el propio Ayuntamiento contra la barriada de las Eritas, poblada por gitanos, gritando insultos racistas. Los gitanos eran acusados de ser causantes de la inseguridad que se vivía en el pueblo. Quince días antes había sido asesinado el vecino Mateo Vázquez.

"Estábamos en las puertas de las casas, cuando apareció la Guardia Civil y nos dijo que nos metiéramos dentro, que venía la manifestación y había peligro", explicaron durante la vista algunos testigos afectados por los disturbios. "Oíamos insultos y pedradas, cómo se rompían los cristales y las tejas. Les oíamos gritar: 'gitanos, asesinos, os vamos a matar' y otros insultos", recordaron. Los testigos también hicieron una relación de las pérdidas sufridas en sus casas, propiedad de la empresa de la vivienda de la Junta, que no ha terminado de reparar los inmuebles, según los declarantes. Asimismo, varios vehículos fueron destrozados por la turba.

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