El Poder Judicial inspeccionó el juzgado de Sevilla sin hallar fallos ni irregularidades

El sistema falló, sí, pero también falló el mecanismo de control del sistema. La Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que depende directamente de su presidente, Francisco José Hernando, hizo en noviembre de 2007 una revisión ordinaria del estado del juzgado de lo penal número 1 de Sevilla -el que debía haber ordenado el encarcelamiento del supuesto asesino de Mari Luz- y no detectó ni una irregularidad ni se dio cuenta de que el pederasta Santiago del Valle no estaba en la cárcel, como debiera. De lo que sí se dio cuenta el inspector es de que ese juzgado no era precisamente un modelo de trabajo y organización y que eran habituales las "dilaciones" a la hora de documentar y tramitar las órdenes de busca y captura y localización.

El inspector pidió "controles directos" sobre el trabajo de los funcionarios

El padre de la niña asesinada estudia acciones legales contra el juzgado

La inspección "ordinaria con visita al juzgado" dirigido por Rafael Tirado Márquez fue realizada el 6 de noviembre de 2007, cuando ya estaba resuelto el asunto de la funcionaria que estuvo de baja. Este tipo de visitas es habitual, se avisan con antelación y, normalmente, los juzgados se preparan para ellas.

El informe con los resultados de la inspección se terminó el 21 de noviembre del año pasado. Ni una irregularidad, ni un fallo grave. Sólo una serie de recomendaciones, cuya lectura sitúa de lleno en lo que luego ha brotado dramáticamente con el caso Mari Luz.

El inspector escribe: "La señora secretaria deberá velar por el impulso de oficio de las actuaciones, al objeto de que desaparezcan las dilaciones detectadas en el trámite, tanto a la hora de documentar las órdenes de busca y captura y localización, como en el de recursos". Santiago del Valle, pese a estar condenado a dos años y nueve meses por violentar a su hija, nunca fue objeto de una orden de busca y captura ni de localización su domicilio.

Las instrucciones nunca llegaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de ejecutarlas, mientras Del Valle iba cada 15 días en el juzgado de al lado. La duda es si en algún momento se llegaron a elaborar y, si así fue, si se perdieron en las montañas de papeles que pueblan cualquier juzgado.

El inspector, además, parece darle por anticipado la razón al juez Tirado sobre que la carencia de personal es la causa del mal. "Ante la situación que presenta el negociado de ejecutorias, se estudie la conveniencia de replantearse una nueva distribución de cometidos en la oficina [judicial] de manera que se pueda reforzar el negociado de ejecutorias, actualmente con sólo tres funcionarios". El juzgado tenía 600 ejecuciones de sentencia en trámite, según el propio juez Tirado, que la inspección no subrayó, según fuentes del Poder Judicial.

Los funcionarios del penal 2 de Sevilla tampoco salen bien parados. "Se deberán potenciar los controles directos sobre el trabajo desarrollado por los funcionarios, estableciéndose sistemas de revisión periódica de los procedimientos en trámite". Y abunda para que "se potencien los controles superiores sobre el funcionamiento de la oficina judicial".

El juzgado será ahora objeto de una investigación en profundidad a raíz del escándalo. El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ya está estudiando la posibilidad de acometer medidas legales contra quienes resulten responsables de que Del Valle estuviera en la calle. "Todos deben asumir responsabilidades, también políticas", declaró a Efe, agencia ante la que también reclamó que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se pronuncie sobre el caso.

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, ha pedido a la Junta de Andalucía que "no se esconda" en este asunto, pues la cobertura de plazas en este juzgado, dado que tiene la competencia transferida, le corresponde.