Una bomba en el fregadero

Debajo del fregadero de una casa de Getafe (Madrid) hubo durante 12 años una bomba de relojería: un tubo de gas abierto, sin taponar. Cuatro operarios revisaron a lo largo de esos años la instalación y ninguno de ellos alertó o desactivó el peligro. Es más, le dieron el visto bueno. El 12 de enero de 2005 la suerte huyó de esa casa, un primer piso del número 57 de la calle de Valencia. Un nuevo inquilino de la vivienda quiso poner la calefacción y sin querer desató la tragedia en todo el bloque: tres muertos (entre ellos, un bebé de cuatro meses) y 20 heridos; 11 de ellos, muy graves. Incluido él.

La virulencia del siniestro conmocionó al municipio madrileño de Getafe. Al principio, incluso se llegó a pensar en un atentado. Pero no. El juez y el fiscal han aclarado que se trató de una imprudencia en cadena.

Cuatro operarios de distintas compañías de gas, algunas subcontratas de Gas Natural S.G.D., se van a sentar en el banquillo. Se enfrentan cada uno de ellos a una petición del fiscal de cuatro años de cárcel por tres delitos de homicidio imprudentes y una veintena de delitos de lesiones. Y no sólo eso: el juez, Ramón Gallardo, ha fijado una fianza solidaria de seis millones de euros (1.000 millones de las antiguas pesetas) contra los operarios y, subsidiariamente, sus compañías aseguradoras.

Y había deficiencias

Según el fiscal, el origen de la tragedia se remonta a 1993. Los entonces moradores de la casa contrataron en casa gas natural para la calefacción y el agua caliente. Los técnicos colocaron el contador y una llave de paso en la terraza, con dos tubos: uno de ellos entraba a la cocina, adosado a la pared, detrás de muebles bajeros del fregadero. Terminada la instalación, Gas Natural la inspeccionó, pero no autorizó el suministro de gas. Detectó "deficiencias en la evacuación de productos combustibles". Los dueños de la vivienda, al no disponer de gas, optaron por una cocina de vitrocerámica y un horno eléctrico.

Tiempo después, Gas Natural envió a un inspector a la casa, al ahora acusado Juan José Velasco. Éste dio de alta el suministro de gas a pesar de que el tubo que llegaba a la cocina estaba abierto, sin taponar y sin enganchar a ningún aparato. Y se fue. Nadie tocó allí después. En 1996, acudió a la vivienda el también acusado José María Gómez Villa, quien realizó la primera inspección oficial de la instalación, pues constaba como operativa, aunque no se utilizaba. Este observó la instalación e, incomprensiblemente, también le dio el visto bueno "sin corregir, como era su obligación, tan grave deficiencia". A ésta le siguieron otras dos inspecciones años después. Una, el 21 de septiembre de 2000, por parte del acusado Francisco José Tirado, y otra, cuatro años después, a cargo de Juan Pedro Guerrero. Ninguno de los dos dio importancia al peligro que anidaba bajo el fregadero.

Los dueños dejaron la casa vacía durante un tiempo. Hasta que la alquiló, el 12 de enero de 2005, Jorge Rovira. Hacía frío y el hombre quiso encender la calefacción. Ignorante de que uno de los tubos, oculto bajo el fregadero, estaba abierto, sin taponar, accionó las llaves de paso del gas. Vio que el contador de gas empezaba a correr y salió a dar una vuelta. Tres horas y media después volvió con tres amigas y el hijo, de 10 años, de una de ellas. Al entrar notaron un fuerte olor a gas. Mientras una de ellas iba a abrir la ventana de la cocina, otra dio la luz. La deflagración derribó la casa. Una de sus amigas, Carmen Sánchez, de 36 años, falleció. Su hijo de 10 años sufrió heridas gravísimas, al igual que las otras amigas y el propio Rovira. A Vicente Jiménez, de 34 años, que vivía justo debajo del piso siniestrado, le pilló la explosión en casa (eran cerca de las 10 de la noche). Su esposa y su hija de cuatro meses fueron lanzadas a la calle por la onda expansiva. Ambas murieron. Y él estuvo un año incapacitado.

Por el juicio, aún sin señalar, desfilarán unos 100 testigos.