La causa del chalé y el Rolls de Medina lleva 18 meses de retraso

Estalló como el paradigma de la corrupción municipal en el ámbito de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, presentó en marzo de 2006 una denuncia general, desglosada en 16 causas, contra el Ayuntamiento de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable del Consistorio, en manos del PP desde 1986. La causa principal de la denuncia iba dirigida contra el ex alcalde, José Manuel Medina, por el uso de bienes (un lujoso chalé en la costa oriolana y dos llamativos coches, un Rolls Royce y un Audi A-8) propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales de planes urbanísticos. Este sumario lo instruye el Juzgado número 4 de la localidad, que no ha practicado las nuevas pruebas solicitadas por el fiscal un año y medio después del interrogatorio, en calidad de imputado, al entonces todavía primer edil.

Las nuevas pruebas que solicitó el representante del ministerio público estaban relacionadas con los plantes urbanísticos del municipio, y especialmente con las calificaciones de suelos tipificadas en el planeamiento urbano vigente cuando se hicieron las adjudicaciones. El fiscal sostiene que algunos de esos planes afectaban a suelo no urbanizable de especial protección. En este supuesto se encuentra el PAI de las Asomadas, adjudicado al promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un lujoso chalé en la costa de oriolana en el que vive José Manuel Medina y también el dueño de un Rolls Royce utilizado habitualmente por el alcalde. La acusación pública también pidió la práctica de otras pruebas, entre ellas el contrato de alquiler del chalé y la documentación para acreditar la propiedad del elitista turismo. Ninguna de esas pruebas se ha practicado un año y medio después, según han confirmado a esta redacción fuentes del caso.

El Juzgado número 4 también ha sufrido un cambio de titular en plena investigación del llamado caso Orihuela. La investigación la inició la magistrada Lidia María Paloma Montaño. Sin embargo, hace diez meses ésta pidió el cambio y su plaza ha sido ocupada por el juez Fernando Madrid.

Las 15 causas restantes de la Fiscalía Anticorrupción tampoco han tenido más éxito por lo que respecta al avance de su instrucción. Los jueces se han limitado a las pruebas preliminares, entre ellas, el interrogatorio del testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa.