Recusación contundente

Durante la legislatura recién concluida, el PP emprendió una peligrosa maniobra de desestabilización del Tribunal Constitucional (TC) con el propósito de deshacer a su favor la situación de empate dentro del tribunal; a la vez, los populares lograban encastillarse en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -donde eran mayoritarios- mediante el indefinido retraso de la renovación del mandato de sus miembros vencido desde finales de 2006. El auto del TC del pasado 12 de marzo, que acepta la recusación del Gobierno contra los magistrados García Calvo y Rodríguez-Zapata en el recurso de inconstitucionalidad del PP sobre la ley de 24 de mayo de 2007 modificadora de la vieja ley orgánica de 1979 del propio tribunal, es una batalla estrepitosamente perdida por los populares en esa tediosa guerra.

El auto del TC del 12 de marzo es una batalla perdida estrepitosamente por los populares

Las hostilidades comenzaron con la desleal celada tendida en febrero de 2007 al magistrado Pérez Tremps, recusado para conocer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña. El burdo pretexto buscado por los magistrados de la mayoría para quitarse de encima a ese molesto colega fue su trabajo académico sobre la acción exterior y la participación europea en la perspectiva de una eventual reforma estatutaria -todavía en el aire, incluso como proyecto- encargado por el Instituto de Estudios Autonómicos a Pérez Tremps siete meses antes de ser nombrado magistrado del TC. El probable objetivo de la increíble cacicada era asegurarse una resolución favorable al PP -el tribunal tiene doce miembros- en el recurso sobre el Estatuto de Cataluña.

A la vista de esa maliciosa maniobra, el Gobierno temió que el vencimiento, el 16 de junio de 2007, del mandato de tres años como presidenta del TC de María Emilia Casas fuese aprovechado para sustituirla, pese a que hasta ese momento el Pleno hubiese prorrogado las presidencias hasta la siguiente renovación parcial del tribunal (esta vez correspondiente al Senado y prevista en teoría -incumplida- para diciembre). La presidencia del TC es clave porque dispone de voto de calidad decisorio en caso de empate y fija el orden del día. El proyecto en trámite para la reforma parcial de la Ley del Tribunal Constitucional de 1979 -aprobado finalmente el 24 de mayo de 2007- fue enmendado para que la práctica de la costumbre de la prórroga presidencial fuese sustituida por el cumplimiento de la norma. Los magistrados García-Calvo y Rodríguez-Zapata montaron en cólera, escribieron el 22 de junio una carta incendiaria a la presidenta Casas y ratificaron en el Pleno de 4 de julio su disconformidad, incurriendo en la causa de recusación prevista por el artículo 219. 10 de la Ley del Poder Judicial, tal y como el TC acaba de establecer. El PP interpuso el 27 de julio recurso de inconstitucional contra dos preceptos de la ley de 24 de mayo de 2007, incluida la prórroga presidencial. La presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez presentaron innecesariamente su abstención, que el Pleno se apresuró a endosar el 27 de septiembre. El Gobierno pidió el 19 de octubre la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata en el recurso de inconstitucionalidad del PP. En un movimiento desesperado, el PP solicitó el 26 de octubre la recusación en el mismo pleito de los magistrados Aragón, Pérez Tremps y Sala (sobre la base de una noticia falsa publicada la víspera por el diario El Mundo), rechazada de forma rotunda por el TC, que acaba de aceptar, en cambio, las de García-Calvo y Rodríguez-Zapata por bien fundadas.

¿Podrá la nueva legislatura solucionar los conflictos que están arruinando el prestigio de una institución básica del Estado de derecho? La primera tarea de las Cortes una vez constituidas debería ser la renovación por el Senado con la mayoría exigida de los tres quintos de la Cámara -implica el acuerdo del PSOE y el PP- de los cuatro miembros del TC cuyo mandato ya venció el pasado mes de diciembre: la presidenta Casas, el vicepresidente Jiménez y los magistrados Rodríguez-Zapata y Conde. La anunciada dimisión de Zaplana como portavoz del grupo parlamentario y la eventual merma de los omnímodos poderes del diputado Astarloa para hacer mangas y capirotes como experto en temas jurídicos del PP en el Congreso pueden facilitar las cosas.

De esta forma, no sólo se cumpliría la ley sino que se desataría uno de los nudos que han venido trabando el funcionamiento del TC por culpa del recurso de inconstitucionalidad del PP (y del juego de recusaciones subsiguientes) contra la prórroga automática de la presidencia introducida por la ley orgánica de 24 de mayo de 2007 a fin de que su titular continúe en el cargo hasta la siguiente renovación parcial del tribunal. Una vez designado el tercio de sustitución del TC correspondiente al Senado y nombrada la nueva presidencia, el inventario de problemas al menos cambiará de página.