Rechazo unánime de las asociaciones de jueces

La instrucción que la fiscalía notificó el lunes tuvo como efecto inmediato poner de acuerdo a todas las asociaciones de jueces, que rechazaron la medida.

El portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, declaró a Europa Press que la medida supone "un intento de suplantar a los jueces" y que precisaría de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reserva al ministerio público "un papel subordinado, de apoyo y no protagonista" en la instrucción.

García recordó que las funciones de jueces y fiscales aparecen delimitadas "de forma clara y diáfana" en la ley y apuntó que la orden de Conde-Pumpido podría ser el "primer paso" hacia un cambio en el modelo de investigación penal para que el ministerio público dirija la instrucción.

Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), de tendencia progresista, admitió que la comunicación del fiscal general "puede ser legal", pero puntualizó que podría provocar una "colisión" entre jueces y fiscales y "confusión" en la Policía Judicial. "Podría darse el caso de que un juez ordenara unas diligencias y el fiscal otras distintas", afirmó Tapia.

Por su parte, Lorenzo del Río, portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria, se pronunció de forma similar. Del Río explicó que "en la actualidad no cabe una instrucción paralela por parte de los fiscales porque no tiene cobertura legal". "Según la ley, no caben dos instrucciones", precisó este magistrado.