Nueva denuncia por falsedad a Contsa, que pagaba el 40%

El caso Contsa va camino de convertirse en un escándalo financiero de mayor dimensión de lo esperado. Ayer, uno de los inversionistas afectados por la declaración de concurso de acreedores en el que está inmerso la inmobiliaria sevillana desveló nuevos datos del entramado societario y del modus operandi del presidente de la empresa, José Salas Burzón.

Según Miguel López Lora, quien tiene invertidos en Contsa 484.360 euros (más de 80 millones de pesetas), la inmobiliaria no ha declarado el total de su deuda en el concurso de acreedores y sólo ha reconocido ante el Juzgado Mercantil número 1 de Sevilla un débito de 60.000 euros. Es por ello que su abogado amplió ayer ante el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla su denuncia penal por el presunto delito de falsedad, que se une a los de estafa, apropiación indebida y delito societario anteriormente denunciados.

Lopez Lora explicó toda la relación mantenida con Salas Burzón y su empresa Contsa, con la que llegó a cobrar intereses hasta del 22% y con la que justo antes de la suspensión de pagos firmó un depósito de 118.000 euros por el que la inmobiliaria prometía pagarle el 40% de interés.

Los letrados de López Lora están intentando desentrañar la realidad económica de Contsa, cuyo presidente mantiene que posee activos por 80 millones de euros frente a los 49,5 millones de pasivo declarado en el concurso voluntario de acreedores.

Entre los nuevos datos aportados ayer, destaca que Contsa realizó durante 2007 una ampliación de capital de un millón de euros, pasando el capital social de la compañía de siete a ocho millones. Con esa ampliación Contsa emitió acciones sin voto, con prestaciones accesorias vinculadas a las mismas, por las que prometía intereses del 5% y del 10%, según el tipo B o C de acción. Sin embargo, López Lora, que convirtió parte de su inversión realizada en prétamos participativos en ese tipo de acciones, aseguró ayer que aunque oficialmente fuera del 5% o del 10%, Contsa a él le pagaba el 22%. Así como que en ningún caso desde 2004, fecha en la que comenzó a operar con Contsa, le practicaron retenciones fiscales para cumplir con Hacienda.

Otro de los datos que reveló López Lora es que los 609 acreedores declarados en la suspensión de pagos podrían ascender en realidad a 2.000 y recomendó a los inversionistas que revisen en el juzgado si están declaradas sus deudas y en su caso remitir al juzgado sus contratos. Los abogados también quieren aclarar la deuda declarada por Salas con sociedades directamente vinculadas a él y a Contsa, así como la valoración real del los activos inmobiliarios, que presumiblemente podrían estár sobrevalorados, lo que podría determinar una situación real de quiebra y determinarse como fraudulenta.