La avenida partirá en dos El Cabanyal
El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la plataforma que busca preservar el barrio
Rita Barberá podrá prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo. El barrio de El Cabanyal, en Valencia, con una planimetría singular protegida como Bien de Interés Cultural (BIC) por la importancia de su trama urbana, quedará partido en dos por una gran avenida. 1.652 viviendas se verán afectadas por el que ha sido un proyecto emblemático del PP en Valencia, que ha tenido diez años de recorrido judicial y que levantó desde el primer momento oposición en diversos sectores ciudadanos. Unos sectores a los que Barberá no se recató ayer en calificar como "izquierda radical".
Salvem El Cabanyal, plataforma cívica que agrupa a los damnificados por el proyecto, lamentó ayer la respuesta del Supremo y anunció que, si es posible, planteará un nuevo debate jurídico en el Constitucional. La sentencia del Supremo no estaba ayer redactada y solo se dio a conocer el fallo. Según fuentes de Salvem El Cabanyal, la resolución se fundamenta en que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, tras un exhaustivo estudio del asunto, ya se pronunció a favor del Ayuntamiento de manera razonada y, por tanto, no ha entrado a discutirlo.
El deterioro de El Cabanyal es culpa de la "izquierda radical", según Barberá
La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez afecta a 450 inmuebles
Un portavoz de Salvem El Cabanyal afirmó que dos sentencias de 2007 sobre asuntos similares les servirían para plantear un recurso. Esa fue una primera afirmación, a falta de conocer el detalle de los argumentos utilizados por la sala del Supremo para respaldar la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La plataforma celebró anoche una asamblea en el Teatre de Titelles la Estrella, ubicado en el popular barrio del distrito marítimo.
La oposición política expresó su respaldo a Salvem el Cabanyal ante la inminencia de la ejecución del proyecto. Muy distinta fue la reacción de la alcaldesa de Valencia, que se mostró satisfecha y afirmó que el fallo permitirá acabar con la "degradación" del barrio, cuya "culpa", señaló, ha sido "exclusivamente de la izquierda radical". Agregó que durante los 10 años de conflicto entre el Ayuntamiento y los afectados, "ha habido momentos de tremenda violencia". Barberá añadió que en sucesivas elecciones los vecinos de El Cabanyal han respaldado la intervención, en alusión a las reiteradas victorias electorales que el PP ha obtenido en esa zona de Valencia. La alcaldesa no quiso concretar una fecha para retomar el proyecto, pero sí se comprometió con los vecinos a que se comenzará "muy intensamente para poder avanzar" tanto en la prolongación de la avenida como en la recuperación de este barrio.
Por su parte, la portavoz socialista, Carmen Alborch, lamentó que el Ayuntamiento "no haya invertido en El Cabanyal y haya permitido que el barrio se deteriore". Y exigió el cumplimiento de la parte buena del proyecto: "La construcción de 70 equipamientos, la rehabilitación de 560 edificios y la construcción de vivienda pública".
La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta, expresó su rechazo al fallo. "No es una decisión justa. En lugar de dejar degradado todo lo que está alrededor, se tendría que haber reactivado la zona para que los vecinos tuvieran sus casas como toca, rehabilitadas y bonitas, y covertir este barrio en una zona entrañable de la ciudad de Valencia".
La asociación de vecinos Pavimar y el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal Canyamelar (Indipcacc-Salvem El Cabanyal) recurrieron al Tribunal Supremo después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) diera la razón a Rita Barberá y le permitiera separar el barrio con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Entonces, en 2004, con ocho votos a favor de los 11 miembros de la sala, el TSJ consideró que el proyecto urbanístico lograría "la mejora del barrio siendo respetuoso con él" y facilitaría "su integración en la ciudad". Para el TSJ, la protección por su condición de BIC (Bien de Interés Cultural) no fue una circunstancia que pudiera restar peso al "interés general". En aquel fallo, los magistrados reconocían las singularidades del barrio y también su deterioro. Precisamente, esas dos cuestiones fueron esenciales en el recurso plateado al Supremo.
Los afectados expusieron que el plan de reforma urbanística supone "un claro expolio del patrimonio histórico español", y con ello una vulneración de normas estatales específicas sobre patrimonio. El Cabanyal, barrio de pescadores, se unió a Valencia en 1897, se caracteriza por la particular disposición de sus calles, una trama urbana que discurre perfectamente paralela y perpendicularmente al mar, con algunos de los mejores ejemplos de arquitectura industrial del siglo XIX y con viviendas populares inspiradas en el modernismo. Eso le valió la declaración de BIC. Los tribunales han ignorado el valor añadido que encierra El Cabanyal. Su historia, su geometría urbana, no han contado para los jueces.
El proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, que presentó Rita Barberá hace 11 años afecta a 450 inmuebles. De ellos, un centenar están catalogados. Son 1.652 viviendas. Los derribos previstos, sobre los que hubo hasta el año pasado una suspensión cautelar excepto en la zona protegida, se extienden por 25.000 metros cuadrados de la parte del barrio declarada BIC y 100.000 metros cuadrados del total del conjunto histórico. 2.000 vecinos serán obligados a desplazarse. Todo eso, a cambio de la división en dos del barrio para dar cabida a una avenida de 48 metros, aunque la franja derribada alcanzará los 106 metros de ancho, y la construcción de edificios de cinco o seis alturas romperá claramente con la morfología característica de El Cabanyal-Canyamelar. El Supremo considera, como lo hizo el TSJ, que vale la pena.
Los afectados se reunieron anoche en asamblea en el Teatre de Titelles La Estrella. La convocatoria fue multitudinaria. Los vecinos esperan el detalle de la sentencia del Supremo y buscan una nueva forma de hacer frente a lo que consideran un ataque cultural y social para favorecer los intereses urbanísticos del Ayuntamiento del PP.
El PP, con el apoyo de los tribunales, defiende la actuación sobre El Cabanyal. Ayer se evidenció de nuevo. La oposición pidió responsabilidad a Barberá, para que el respaldo judicial no suponga una licencia sin límites. Isaura Navarro, de Iniciativa del Poble Valencià, afirmó: "La justicia está para defender al débil frente al poderoso y en el fallo no se ha cumplido esta premisa".
El secretario comarcal del Bloc de Valencia, Ximo López, manifestó que la decisión del Supremo "no puede ser un talón en blanco para la alcaldesa".
Una batalla legal
- 1998. Después de perfilado el proyecto, se inicia la tramitación.
- 2001. La Generalitat da el visto bueno en abril y en mayo lo ratifica el Ayuntamiento.
- 2002. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acepta las reivindicaciones de los vecinos y ordena la paralización cautelar.
- 2004. El TSJ levanta la paralización de los derribos y respalda a Barberá.
- 2008. El Tribunal Supremo da luz verde al proyecto.
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