100.000 firmas contra las 'guarderías garaje'

El decreto de mínimos de educación infantil promulgado por la Comunidad de Madrid -que pretende rebajar los requisitos necesarios para abrir una guardería pública o privada en la región- se ha topado con una fuerte resistencia. Si en la tarde de ayer más de un millar de personas se manifestaron frente a la Consejería de Educación, en la calle de Alcalá, para solicitar la retirada del decreto, en la mañana, los organizadores de la protesta -sindicatos, la Junta de Portavoces de la Red Pública de Escuelas Infantiles y la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos- entregaron en la propia consejería más de 100.000 firmas contra el proyecto. "Si siguen sin hacernos caso, estudiaremos presentar una Iniciativa Legislativa Popular, para la que contamos con las firmas suficientes", señalaba ayer Maite Rebollo, de la Junta de Portavoces.

El decreto de mínimos presentado la semana pasada por la consejera de Educación, Lucía Figar, baja la cualificación necesaria para trabajar como educador en las escuelas infantiles -lo que abre las puertas al intrusismo- y aumenta el número máximo de alumnos por educador. Del mismo modo, las guarderías madrileñas ya no deberán contar con un patio propio, sino que los niños podrán salir a cualquier espacio cercano que se estime oportuno, siempre y cuando no crucen una carretera. Otro de los puntos criticados por los manifestantes era la reducción drástica de equipos de expertos en educación para niños discapacitados. Por su parte, la consejera Figar se defendió ayer asegurando que la ratio de profesor por alumno que se va a establecer es la misma que existe en 10 comunidades autónomas, Baleares, Andalucía o Aragón, y que el aumento permitirá que en las escuelas infantiles públicas entren 3.000 bebés más.

Pero lo que les preocupa a los convocantes de la manifestación de ayer es la calidad de esas plazas y del resto de las escuelas infantiles madrileñas y se quejan, en cualquier caso, de que el nuevo decreto supone un paso atrás. Además, aseguran que se eliminará la financiación de la Comunidad para la educación infantil, que queda reducida en exclusiva al cheque-bebé, que va de los 90 a los 150 euros -cifra además, bastante inferior a lo que cuesta una plaza en la privada-. Actualmente, las escuelas infantiles se financian a partes iguales entre Comunidad, Ayuntamientos, padres y madres.

"Reduciendo la financiación de las escuelas públicas y bajando los requisitos mínimos para la apertura de las privadas está claro que van a proliferar los chiringuitos", explicaba ayer Mercedes Escobar, de la Plataforma 0-6 Madrid. Se quejó asimismo de que la parte pedagógica en la enseñanza infantil "cada vez pesa menos".

"Lo que Figar quiere es resolver el problema que tuvo este año, en el que cerca de 30.000 niños se quedaron sin plaza en las escuelas infantiles, a costa de reducir la calidad de la educación. Quiere acabar con las listas a cualquier precio, y no lo vamos a permitir", señalaba Mercedes Díaz, diputada por el PSM en la Asamblea de Madrid. Díaz anunció ayer que solicitará la comparecencia de Figar en el próximo pleno de la Asamblea. Asimismo, los ayuntamientos madrileños gobernados por el PSOE o Izquierda Unida han mostrado su oposición frontal al proyecto.

Francisco García, secretario de Enseñanza de CC OO, dijo que "lo que el Gobierno propone es deteriorar las escuelas infantiles, abaratarlas, para después poder privatizarlas. Con este decreto vamos a las guarderías garaje abiertas en bajos comerciales, cuando lo que tiene que hacer la Comunidad es abrir nuevas escuelas infantiles para esos 30.000 bebés que el año pasado quedaron en las listas de espera", aseguró García.