Gays y lesbianas tildan a la juez de Dénia de homófoba
Exigen su dimisión por vetar bodas entre homosexuales
La pertinaz resistencia de Laura Alabau, titular del Juzgado número 3 Dénia, a autorizar bodas entre homosexuales ha desatado un aluvión de críticas entre los colectivos gays y formaciones políticas, entre ellas, Esquerra Unida.
La magistrada ha vetado por cuarta vez un boda gay, en este caso entre dos hombres británicos porque, según ella, en su país de origen no está autorizado el matrimonio entre homosexuales. Los grupos gays Alicante Entiende y Lamdda y la formación política de EU coincidieron en su demanda de exigir la destitución de la magistrada por fomentar la homofobia. El fiscal anunció el jueves que recurrirá el auto que paraliza la boda entre dos británicos.
Para el colectivo Lambda, la negativa de Alabau a cumplir con ley que regula en España el matrimonio entre homosexuales obedece a motivaciones "ideológicas". "Su responsabilidad como juez es velar por que se cumplan las leyes y no cuestionarlas e incumplirlas. Si no está dispuesta a hacerlo por una cuestión ideológica, que dimita de su cargo", señala el colectivo en un comunicado. "La homofobia ya no tiene amparo legal en ningún caso, gays y lesbianas disfrutamos de los mismos derechos que el resto de la ciudadana y hechos como este no pueden tolerarse en un Estado democrático", añade.
El colectivo Alicante Entiende, a través de otra nota oficial, acusó a la juez de aplicar de manera "parcial" la ley. "Entendemos que un juez, en el desarrollo de su cargo y función pública debe aplicar la ley de nuestro ordenamiento jurídico, desde la objetividad y la igualdad", explica el comunicado. "Es lamentable y triste que se sigan produciendo estos hechos, de clara homofobia institucional, y por ello solicitamos a las administraciones públicas que tomen medidas claras para que este tipo de actitudes homófobas no puedan ser ejercitadas desde cargos públicos", concluye.
Por su parte, la coordinara de EU, Glòria Marcos, exigió que la juez de Dénia reciba una "sanción definitiva y contundente" por parte del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano ya sancionó a la juez con una multa de 305 euros por una falta grave.
