El PP condonó una sanción de 722.000 euros antes de dejar la Diputación alavesa
Casi en el último suspiro. Seis días antes de abandonar el sillón de diputado general de Álava, el popular Ramón Rabanera, ahora candidato al Senado, condonó el año pasado una sanción tributaria de 722.000 euros a la empresa Gasóleos del Zadorra. Se trata del 90% de los 802.471 euros que la empresa había ido acumulando en sanciones desde 2001 por las liquidaciones de los impuestos especiales de hidrocarburos, del IVA y Sociedades y más de lo que la Diputación dedicó ese año a la lucha contra el fraude (unos 700.000 euros).
Cuando Rabanera firmó el pasado 20 de julio el decreto foral eximiendo a la compañía del 90% de la sanción tributaria estaba actuando en funciones. Seis días después fue designado el nuevo diputado general, el peneuvista Xabier Agirre, después de que ni PP, que fue el partido más votado en los comicios forales de mayo de 2007, ni el PSE (la segunda fuerza) se pusiesen de acuerdo para gobernar.
Los socialistas revelaron ayer la condonación de la sanción durante un debate en las Juntas Generales de Álava sobre la prevención del fraude fiscal. En los últimos cuatro años, desde 2004 a 2007, sólo la empresa Gasóleos del Zadorra había solicitado la condonación de una sanción tributaria. En su justificación, alegó que las sanciones impuestas llevarían a la disolución de la sociedad. Este argumento fue tenido en cuenta por el entonces director de Hacienda, Francisco Arrázola, quien elevó un informe al diputado general y al en esas fechas diputado de Hacienda, Javier Guevara, haciéndoles ver "la singular importancia" de la empresa en el sector de distribución de hidrocarburos en Álava.
"Flaco favor"
El procurador del PSE Josu López Ubierna fue quien sacó el asunto a relucir durante el debate sobre prevención del fraude fiscal. López recalcó el "flaco favor" que se hace al trabajo de los inspectores de Hacienda para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones si luego se perdonan las sanciones.
López se quejó además de que la condonación se basó en una resolución que casi resulta "una artimaña jurídica". La resolución administrativa se sustenta en un artículo de la Ley Tributaria de 1963 que habilita un decreto foral de 1987. "Si los socialistas tuviéramos la responsabilidad en el área de Hacienda", apuntó el procurador, "hubiéramos revisado esa resolución porque la consideramos dañina para la confianza de los contribuyentes y, en el caso de las empresas, altera la competencia". López animó así al actual diputado general del PNV a tomar cartas en el asunto.
