¿Quién ordena?

¿Necesita Euskadi un segundo gran puerto situado a algo más de cien kilómetros del otro? Es sólo una pregunta. No lleva una respuesta adosada. Y si parece oportuno plantearla es porque esta misma semana se ha anunciado el calendario para la construcción del nuevo puerto exterior de Pasajes -inicio de obras en 2010, entrada en servicio en 2020- sin que tal decisión, trescendental sin duda para Guipúzcoa, pero también importante para el conjunto de la comunidad autónoma, haya merecido un análisis previo por parte de sus instituciones.

El puerto interior de Pasajes, efectivamente, he llegado al límite de su capacidad de expansión y supone una losa para el desarrollo urbano de la comarca de Pasaialdea, con sus 60.000 habitantes. Sin embargo, antes de tomar la decisión -costosa desde todos los puntos de vista- de construir uno nuevo y mayor, acodado a los acantilados de Jaizkibel, habría sido aconsejable levantar la vista del mapa y proyectar una mirada sobre el conjunto de la comunidad autónoma. Se comprobaría entonces que en 140 kilómetros de costa se ofrecen dos instalaciones portuarias de grandes dimensiones -la de Bilbao, la cuarta de España con un tráfico de 40 millones de toneladas, y la de Pasajes, que con el puerto exterior duplicaría los 5,5 millones de toneladas actuales-. Con un enfoque vasco-europeo más amplio, habría que incluir las instalaciones de Bayona y Santander, compitiendo también por unos tráficos marítimos limitados, en apenas 250 kilómetros.

Sería conveniente saber qué piensan al respecto el Gobierno y el Parlamento

Tanto el de Pasajes como el de Bilbao son puertos del Estado de "interés general", pero las reformas legales aplicadas desde 2003 para aumentar la autonomía y competitividad de estos recintos han conducido a una situación cuando menos chocante: la mirada general sobre la oferta portuaria ha desaparecido. Al mismo tiempo, la presencia mayoritaria en el consejo de administración de cada autoridad portuaria de miembros designados por la comunidad autónoma y entidades provinciales ha producido en la práctica la transferencia de una materia que la Constitución reserva en exclusiva al Estado.

Se ha disgregado la gestión centralizada de los puertos, pero no ha sido sustituida por otra de ámbito autonómico. En su ausencia, se impone la inercia de cada autoridad portuaria y los intereses más locales. Este mecanismo ha operado en el caso del proyecto de Pasajes. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria está dando pasos que van a hacer irreversible el puerto exterior, sin que ninguna de las instituciones comunes del País Vasco se haya pronunciado sobre su idoneidad ni estudiado con el detalle exigible su coste y repercusiones generales.

La autonomía formal de la Autoridad Portuaria se presenta como una confortable excusa para no intervenir y dejar hacer. Se evitan así contradicciones flagrantes. Como la que lleva al Gobierno vasco a rechazar, desde el Departamento de Medio Ambiente, un proyecto que alterará severamente el medio terrestre y marino de Jaizkibel, mientras que el mismo Ejecutivo lo apoya entusiasta desde la consejería de Transportes como fuente de riqueza y progreso. El hecho de que una obra de tal dimensión no haya pasado por la mesa del Consejo de Gobierno o por el pleno del Parlamento ha permitido que no afloren unas contradicciones que afectan en mayor o menor medida a los principales partidos, empezando por el PNV y teminando por EA. Eso sí, a costa de profundizar en una dinámica desvertebradora, en la que lo "vasco" se queda para el debate identitario, mientras que se sigue cementando (y no es una metáfora) lo "provincial" como imposibilidad de pensarnos como un conjunto.

Habría que recordar, sin embargo, que el Estatuto atribuye a la "Comunidad Autónoma" la competencia exclusiva en "Ordenación del territorio y el litoral", y la de ejecución en materia de medio ambiente y ordenación del transporte de mercancías. Son todas ellas materias que se ven afectadas por un proyecto de esa envergadura y cuyo examen se está obviando con una ligereza pasmosa. ¿La construcción de un gran muelle exterior es, como sostienen sus impulsores, la única solución factible para recuperar el área urbana más degradada de Euskadi? Puede ser, aunque la experiencia de la Ría de Bilbao demuestra que, pese al vértigo que provoca, a veces el progreso se alcanza mejor rompiendo con los usos industriales del pasado, que atándose a unas actividades de escaso valor añadido y hondos impactos sobre el territorio y la calidad de vida de sus habitantes.

Razones hay para defender una y otra cosa, y también alternativas intermedias. Pero sería conveniente que esos argumentos no se quedaran en el entorno de Pasaia, sino que todos los ciudadanos conocieran qué es lo que opinan y proponen al respecto el Gobierno y el Parlamento del País Vasco.