La Fegamp se divide por el 7% obligatorio en gasto social

La división comienza a ser cosa cotidiana en la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), sometida a la presión de sus diferencias con el sector nacionalista de la Xunta. Ayer se trasladó a la Comisión Galega de Cooperación Local, organismo que sometió a votación el anteproyecto de ley de servicios sociales promovido por Vicepresidencia. Tras diez días de negociaciones, Xunta y ayuntamientos votaron a favor de todos los artículos del texto excepto uno, el que obliga a los ayuntamientos a destinar el 7% de sus presupuestos a asuntos sociales. Sobre este punto, representantes de ayuntamientos y diputaciones aprobaron un voto particular discrepante del que se desmarcó el representante del BNG en la federación de municipios y provincias, su vicepresidente segundo, Francisco García.

Acuerdo entre Xunta y ayuntamientos en el resto de la ley de servicios sociales

Concluido el plazo de diez días que la Xunta y la Fegamp se dieron para consensuar el texto, los avances fueron "notables" en las negociaciones del articulado del anteproyecto. "Ha sido un diálogo fluido y en absoluto estéril: ha valido la pena", aseguró tras la reunión de ayer el presidente de la Fegamp, el alcalde socialista de Ames, Carlos Fernández. Pero los resultados han sido nulos en lo que afecta al porcentaje de siete puntos que la ley impone a los ayuntamientos para gasto social, considerado "una invasión de competencias". Así figura en un informe de la federación que inició las discrepancias entre el BNG y el resto de partidos con representación en la federación municipalista. Según Fernández, el informe fue aprobado por unanimidad con "matizaciones" del representante del Bloque. Según Francisco García, el documento no se llegó a someter a votación.

La crisis se trasladó ayer a la comisión de cooperación, donde se rompió la tradicional unidad de voto que caracteriza a la Federación Galega de Municipios e Provincias. Fue en el voto particular en el que esta organización mantiene "con contundencia" su discrepancia con el artículo 48, en el que consideran que se produce una injerencia en la autonomía local. Sin el respaldo del representante del Bloque en la Fegamp, este organismo reclama que se elimine el porcentaje obligatorio del 7% en el trámite que deberá recorrer la ley, tanto en su fase de consulta al Consello Económico e Social y al Consello Consultivo, como en su posterior tramitación parlamentaria. Si populares y socialistas mantuviesen su rechazo en la Cámara autonómica, sus votos obligarían al BNG a modificar la ley.

Carlos Fernández mantuvo los argumentos de los últimos días contra el porcentaje, que para el presidente de la federación municipalista se ha convertido "en una cuestión de principios". "Este hecho supone una invasión de competencias y una injerencia grave en la autonomía local", declaró. El 7% obligatorio "determina la acción de gobierno y limita la autonomía de los ayuntamientos sobre sus presupuestos".

De extenderse esta práctica a otros departamentos autonómicos, agregó el presidente de la Fegamp, "acabarían repartiéndose virtualmente el presupuesto municipal". Esos fueron los argumentos que los responsables de la federación expusieron en la Comisión Galega de Cooperación Local, convocada para dictaminar el anteproyecto. Según Carlos Fernández, el representante del Bloque apoyó el 7% "por disciplina de partido". Francisco García, en cambio, defendió la iniciativa de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, y atribuyó el rechazo de los demás partidos a su "resistencia a aceptar los cambios" del sector nacionalista del Gobierno gallego.

Las discrepancias del BNG con socialistas y populares en la Fegamp se han visto acentuadas por el rechazo de la federación a que la Vicepresidencia de la Xunta niegue la gestión de las galescolas a los ayuntamientos que se integren en el Consorcio de Servicios Sociais. La ejecutiva de la Fegamp sostiene que cuenta con el compromiso del vicepresidente del Gobierno gallego, Anxo Quintana, de permitir la gestión directa de las escuelas infantiles del consorcio, que preside el ex alcalde nacionalista de Vigo Lois Pérez Castrillo.